En la mañana de este 26 de junio, a las 7:00 a.m., habrá una reunión entre el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. El encuentro tiene su origen en las alertas por supuestas chuzadas a magistrados de las altas cortes, puestas en conocimiento público por el togado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
Antecedentes: Fiscalía investigará presuntas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional
Este episodio de supuestas chuzadas ha sido una bola de nieve que cada vez vincula a más instituciones de la justicia, incluidos los entes investigativos como lo son la Fiscalía y la Procuraduría. En los últimos días, el togado Ibáñez radicó una denuncia en la Fiscalía asegurando que él y su familia han sido objeto de interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
La situación escaló al punto de que el pasado lunes 24 de junio los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes integran la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, manifestaron estar preocupados por la denuncia. Asimismo, los presidentes de los tribunales superiores del país firmaron un documento en el que expresan su rechazo.
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Para entonces, la Fiscalía ya había comunicado que asumirá de manera inmediata la investigación por presuntas “chuzadas” a magistrados de la Corte Constitucional. El ente investigador rechazó categóricamente cualquier labor de inteligencia en contra de algunos togados del alto tribunal y agregó que es falso que “el despacho de la Fiscal haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional”.
A ello se sumó la apertura de investigación disciplinaria comunicada por la Procuraduría este 25 de junio, en la que explicó que destinará funcionarios para indagar en funcionarios por establecer de la Dirección Nacional de Inteligencia. El Ministerio Público señaló que se investigarán las denuncias hechas sobre la posible “persecución” de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta corte Constitucional.
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“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.
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