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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, destacó los avances del modelo de Justicia Restaurativa implementado en Colombia y advirtió sobre los intentos de ciertos sectores por desviar el mandato de la JEP. El comunicado fue dirigido a la opinión pública, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y acompañantes del Acuerdo Final de Paz, y la Corte Penal Internacional (CPI).
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Ramelli subrayó que el modelo de Justicia Restaurativa consagrado en el Acuerdo Final de Paz tiene como eje central a las víctimas y sus demandas de verdad. Este enfoque, ajustado por el plebiscito, el Congreso y la Corte Constitucional, ha sido reconocido por organismos internacionales como la OCDE y cuenta con la participación de cerca de 400.000 víctimas de diferentes sectores, incluidas comunidades campesinas y étnicas.
De acuerdo con Ramelli, las investigaciones de la JEP han esclarecido patrones macrocriminales y se ha facilitado el proceso de sanación de las víctimas, quienes han empezado a obtener respuestas sobre sus desaparecidos. Sin embargo, el magistrado advirtió que los beneficios otorgados a los comparecientes están condicionados a que entreguen una verdad completa, eviten la repetición de crímenes y respondan de manera satisfactoria a las víctimas.
El comunicado también denunció los esfuerzos de sectores vinculados al conflicto armado que buscan evitar que la JEP esclarezca la verdad y juzgue a los máximos responsables de crímenes como el secuestro, los ‘falsos positivos’, el reclutamiento forzado y la violencia sexual. A pesar de estos intentos, Ramelli reafirmó el compromiso de la JEP de avanzar en su mandato y de seguir revelando las verdades ocultas del conflicto armado en Colombia.
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“Los firmantes de Paz, los integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que han cumplido con su comparecencia ante la JEP, tendrán derecho a una sanción propia y a resolver su situación jurídica siempre y cuando asuman su responsabilidad de manera pública y entreguen verdad detallada y exhaustiva”, enfatizó el presidente de la JEP, dejando claro que declaraciones generales no serán suficientes para cumplir con los requisitos de la jurisdicción.
El magistrado destacó el respaldo de la comunidad internacional a la labor de la JEP. Organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y países garantes del Acuerdo Final de Paz, así como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han reconocido los avances judiciales de la jurisdicción y han exigido respeto por su autonomía y mandato legal. Entre los logros señalados, se destacó el impacto de las medidas cautelares emitidas por la JEP, que han llevado a las instituciones colombianas a garantizar la seguridad de más de 9.000 firmantes del Acuerdo de Paz.
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Finalmente, el presidente de la JEP reiteró que el avance en los 11 macrocasos abiertos por la jurisdicción depende no solo de la JEP y sus instancias internas, sino también del compromiso de todas las ramas del poder público, las víctimas y los comparecientes. Se espera que los agentes del Estado, los firmantes de paz y los terceros civiles aporten de manera decidida a la verdad, sin dilaciones ni evasivas.
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