Petro defendió ante la Corte Constitucional su decreto de emergencia para La Guajira

El presidente Gustavo Petro acude este viernes a la Corte Constitucional para defender su decreto de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. La audiencia pública en el alto tribunal, que se realiza ante la Sala Plena de la alta Corte, es presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo. Los nueve magistrados escuchan los argumentos que llevaron al presidente Petro a expedir el decreto 1085 de 2023.

Luego de más de 10 horas de audiencia la magistrada Natalia Ángel Cabo agradeció a cada una de las personas que intervinieron durante la diligencia y dió por finalizada la jornada. “Creo que ha sido una jornada muy interesante en donde la Corte tambíen ha abierto espacios de dialogo y de escucha que me parece que eso es absolutamente importante no solo para nosotros sino para la ciudadania. Tenemos mucho trabajo por delante”, concluyó la magistrada.

En su intervención, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le expresa a la Sala Plena de la Corte Constitucional que el gobierno de Gustavo Petro ha visitado la zona y se han dado cuenta de que la situación es crítica. El poco acceso al agua, a la alimentación, a la salud y a otros derechos hace que no sea viable que las acciones que se tomen por vía legislativa, es decir, que surta trámite en el Congreso.

Según Muhamad, “el flujo normal de las cosas no nos llevarían a atender la amenaza que tenemos”. Así, dice la ministra, el decreto 1085 de 2023 era la mejor opción para hacerle frente a la situación en La Guajira.

A su turno, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le explica a la sala que la situación de los hospitales en el departamento no es positiva, por lo que dice que el decreto de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento es la mejor manera para solucionar la problemática.

“Hay que montar una infraestructura, vamos a construir más salud. Entonces se nescita una situación donde podamos trabajar de esa manera”, dijo el ministro Jaramillo.

Después de un receso en la extensa audiencia, algunos de los ministros de Gustavo Petro hablan ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los altos funcionarios exponen ante el alto tribunal los motivos que llevaron al Gobierno a expedir el decreto de emergencia en La Guajira.

El primero en hablar en la ronda de funcionarios del Gobierno es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, quien menciona que con la llegada del fenómeno del niño que azotaría con mayor fuerza a La Guajira, Colombia podría tener “el genocidio del pueblo Wayuú”, si no se toman las medidas necesarias para mitigar el impacto.

Por otra parte, habla la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres. Según la funcionaria, en sus visitas a la región, el ICBF se dio cuenta de que la vida de los niños wayuú están en alto riesgo por la desnutrición y por el poco acceso que tienen a servicios de Salud. Cáceres afirma que el desplazamiento desde una ranchería hacia un puesto de salud puede tomar hasta dos días, lo cual no es viable para la atención de problemáticas en La Guajira.

De acuerdo con Cáceres, los niños de La Guajira no dan espera que se tomen decisiones y acciones por parte del Congreso, razón por la que medidas de emergencia como el decreto expedido por el presidente Petro son la mejor alternativa para mitigar problemáticas.

Después de que el presidente Gustavo Petro dejara la audiencia pública en la Corte Constitucional, han avanzado en su participación distintos representantes de organizaciones sociales y de la comunidad wayuú. En el encuentro han participado representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuú, así como abogados y veedores ciudadanos, quienes le han expuesto a la Corte las problemáticas que vive La Guajira, haciendo especia énfasis en el cambio climático y el fenómeno del niño que, al llegar, afectaría especialmente esa zona del país.

Petro abandonó el Palacio de Justicia para reunirse en la Casa de Nariño con el fiscal general Francisco Barbosa. El jefe de Estado y el jefe de la Fiscalía hablan sobre el supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra su vida. Según denunció el ente investigador a inicio de esta semana, en julio de este año cinco altos mandos de esa guerrilla se habrían reunido en Venezuela para planear el ataque.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, interviene a esta hora en la audiencia pública que se lleva a cabo en la Corte Constitucional. El funcionario le manifiesta a la Sala Plena del alto tribunal que desde la Defensoría del Pueblo llevan años advirtiendo de la situación en La Guajira y que hay distintos factores que hacen más vulnerable a la población de la zona.

De acuerdo con Camargo, la población wayuú actualmente no hay un modelo de salud con enfoque diferencial étnico, tampoco tiene las mismas oportunidades laborales que los demás colombianos, cuentan con pocos recursos económicos y que además son víctimas de la violencia de grupos armados.

“Entre enero y julio de este año, murieron 39 niñas y niños menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas a esta enfermedad, sin tener en cuenta el alto subregistro de fallecimientos que se presenta en la región”, aseguró Camargo. También, señaló que de las 27 comunidades visitadas por la Defensoría, solamente la de Media Luna Jawao, cuenta con una solución integral para el suministro del agua.

Jorge Iván González, director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, habla a esta hora ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. El funcionario manifiesta que con decretos como el de emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, permiten que se rompa la sectorización y ayudan a disminuir la vulnerabilidad de algunas poblaciones, en este caso, como la wayuú.

González asegura que aunque se va avanzando con planes de desarrollo y acciones en pro de poblaciones vulnerables desde el Gobierno, decretos como el 1085 de 2023 ayudan a que se avance más rápido con el cambio que quieren lograr desde el Ejecutivo.

Tras la exposición de argumentos y respuestas a las preguntas formuladas por los magistrados de la Sala Plena por parte del presidente Gustavo Petro, continúa la audiencia pública sobre el decreto de emergencia en La Guajira. El primer mandatario permanece todavía en el alto tribunal, donde ahora habla Diala Wilches, gobernadora (e) de La Guajira.

El presidente Gustavo Petro continúa respondiendo las inquietudes de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Según los datos presentados por el jefe de Estado, el fenómeno del niño que se aproxima y que afectaría principalmente a La Guajira, es el más duro que se ha visto “mil siglos”. Asimismo, manifestó que el cambio climático es una problemática que ya ha afectado a otros países de la región como Uruguay, que, de acuerdo con el presidente Petro, “se quedó sin agua”, o como Ecuador.

Según Petro, esta semana conversó con el presidente de Ecuador y su homólogo en el vecino país le habría pedido que Colombia les vendiera energía eléctrica. Asimismo, el presidente Petro le dice a la Corte que, según los estudios que han hecho, el fenómeno del niño podría provocar un desplazamiento masivo de la población wayuú de La Guajira.

Tras la intervención del presidente Gustavo Petro, la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien preside la audiencia pública, cuestiona al presidente sobre por qué las medidas para La Guajira fueron tomadas por Estado de Excepción y no por medidas ordinarias como el trámite de una ley en el Congreso.

Adicionalmente, la magistrada Ángel le pregunta al primer mandatario si se activó el Sistema de Gestión de Riesgos para tratar de mitigar los problemas en La Guajira. También, le cuestiona al jefe de Estado para que responda por qué las medidas que hay actualmente dentro de ese Sistema no fueron suficientes para él y tuvo que expedir el decreto 1085 de 2023.

El presidente Gustavo Petro responde que aunque han expedido varios decretos en relación con el departamento, el de estado de emergencia se expidió pensando en que se modificara una ley existente y que así no se volvieran a repetir algunos problemas que actualmente se presentan en la Guajira.

El presidente Gustavo Petro es el primero en intervenir en la audiencia pública a la que también asisten algunos de sus ministros, como el de Justicia y la de Medioambiente. El primer mandatario manifiesta que “La Guaira tiene un agravante con relación a otros municipios enlucidos y es que su población indígena wayuú es la más grande del territorio, y vive dispersa en rancherías, complicando las posibilidades de solución a las necesidades básicas insatisfechas”.

De acuerdo con lo dicho por el jefe de Estado, las soluciones a esos problemas “no se pueden dar con que La Guajira se adapte al centro de Colombia, sino que el centro debe acomodarse a las necesidades de la población wayuú”. El presidente manifiesta que en La Guajira hay problemas ambientales como el fenómeno del niño y la crisis climática que “afectan la relación entre el agua y la comunidad”.

Según el jefe de Estado, la idea del decreto de Emergencia es para contrarrestar “la tasa de mortalidad por desnutrición, asociada también al agua, estas tasas son 30 veces más altas que en el resto del país y no es porque a través del sistema de salud no haya recurso público. A pesar de que haya más dinero invertido, las consecuencias son peores, los sistemas administrativos no están mirando las particularidades de la población y se estrellan”.

El decreto del estado de emergencia, dice el presidente Petro a la Corte, es para mitigar en parte la afectación que podrá traer el fenómeno del niño. “No se sabe con certeza cuando llega y cuál es su magnitud, obedece a unas condiciones que tiene que ver con el océano Pacífico. Entidades internacionales le han anunciado a Colombia las probabilidades, en junio se nos avisa que hay un cambio y una probabilidad del niño y sequías en la región, esa probabilidad va aumentando en el tiempo”.

Finalmente, el primer mandatario asegura que el decreto se creó con argumentos científicos para tratar de proteger a la población de La Guajira.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El presidente Gustavo Petro acude este viernes a la Corte Constitucional para defender su decreto de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. La audiencia pública en el alto tribunal, que se realiza ante la Sala Plena de la alta Corte, es presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo. Los nueve magistrados escuchan los argumentos que llevaron al presidente Petro a expedir el decreto 1085 de 2023.

Luego de más de 10 horas de audiencia la magistrada Natalia Ángel Cabo agradeció a cada una de las personas que intervinieron durante la diligencia y dió por finalizada la jornada. “Creo que ha sido una jornada muy interesante en donde la Corte tambíen ha abierto espacios de dialogo y de escucha que me parece que eso es absolutamente importante no solo para nosotros sino para la ciudadania. Tenemos mucho trabajo por delante”, concluyó la magistrada.

En su intervención, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le expresa a la Sala Plena de la Corte Constitucional que el gobierno de Gustavo Petro ha visitado la zona y se han dado cuenta de que la situación es crítica. El poco acceso al agua, a la alimentación, a la salud y a otros derechos hace que no sea viable que las acciones que se tomen por vía legislativa, es decir, que surta trámite en el Congreso.

Según Muhamad, “el flujo normal de las cosas no nos llevarían a atender la amenaza que tenemos”. Así, dice la ministra, el decreto 1085 de 2023 era la mejor opción para hacerle frente a la situación en La Guajira.

A su turno, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le explica a la sala que la situación de los hospitales en el departamento no es positiva, por lo que dice que el decreto de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento es la mejor manera para solucionar la problemática.

“Hay que montar una infraestructura, vamos a construir más salud. Entonces se nescita una situación donde podamos trabajar de esa manera”, dijo el ministro Jaramillo.

Después de un receso en la extensa audiencia, algunos de los ministros de Gustavo Petro hablan ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los altos funcionarios exponen ante el alto tribunal los motivos que llevaron al Gobierno a expedir el decreto de emergencia en La Guajira.

El primero en hablar en la ronda de funcionarios del Gobierno es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, quien menciona que con la llegada del fenómeno del niño que azotaría con mayor fuerza a La Guajira, Colombia podría tener “el genocidio del pueblo Wayuú”, si no se toman las medidas necesarias para mitigar el impacto.

Por otra parte, habla la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres. Según la funcionaria, en sus visitas a la región, el ICBF se dio cuenta de que la vida de los niños wayuú están en alto riesgo por la desnutrición y por el poco acceso que tienen a servicios de Salud. Cáceres afirma que el desplazamiento desde una ranchería hacia un puesto de salud puede tomar hasta dos días, lo cual no es viable para la atención de problemáticas en La Guajira.

De acuerdo con Cáceres, los niños de La Guajira no dan espera que se tomen decisiones y acciones por parte del Congreso, razón por la que medidas de emergencia como el decreto expedido por el presidente Petro son la mejor alternativa para mitigar problemáticas.

Después de que el presidente Gustavo Petro dejara la audiencia pública en la Corte Constitucional, han avanzado en su participación distintos representantes de organizaciones sociales y de la comunidad wayuú. En el encuentro han participado representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuú, así como abogados y veedores ciudadanos, quienes le han expuesto a la Corte las problemáticas que vive La Guajira, haciendo especia énfasis en el cambio climático y el fenómeno del niño que, al llegar, afectaría especialmente esa zona del país.

Petro abandonó el Palacio de Justicia para reunirse en la Casa de Nariño con el fiscal general Francisco Barbosa. El jefe de Estado y el jefe de la Fiscalía hablan sobre el supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra su vida. Según denunció el ente investigador a inicio de esta semana, en julio de este año cinco altos mandos de esa guerrilla se habrían reunido en Venezuela para planear el ataque.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, interviene a esta hora en la audiencia pública que se lleva a cabo en la Corte Constitucional. El funcionario le manifiesta a la Sala Plena del alto tribunal que desde la Defensoría del Pueblo llevan años advirtiendo de la situación en La Guajira y que hay distintos factores que hacen más vulnerable a la población de la zona.

De acuerdo con Camargo, la población wayuú actualmente no hay un modelo de salud con enfoque diferencial étnico, tampoco tiene las mismas oportunidades laborales que los demás colombianos, cuentan con pocos recursos económicos y que además son víctimas de la violencia de grupos armados.

“Entre enero y julio de este año, murieron 39 niñas y niños menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas a esta enfermedad, sin tener en cuenta el alto subregistro de fallecimientos que se presenta en la región”, aseguró Camargo. También, señaló que de las 27 comunidades visitadas por la Defensoría, solamente la de Media Luna Jawao, cuenta con una solución integral para el suministro del agua.

Jorge Iván González, director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, habla a esta hora ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. El funcionario manifiesta que con decretos como el de emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, permiten que se rompa la sectorización y ayudan a disminuir la vulnerabilidad de algunas poblaciones, en este caso, como la wayuú.

González asegura que aunque se va avanzando con planes de desarrollo y acciones en pro de poblaciones vulnerables desde el Gobierno, decretos como el 1085 de 2023 ayudan a que se avance más rápido con el cambio que quieren lograr desde el Ejecutivo.

Tras la exposición de argumentos y respuestas a las preguntas formuladas por los magistrados de la Sala Plena por parte del presidente Gustavo Petro, continúa la audiencia pública sobre el decreto de emergencia en La Guajira. El primer mandatario permanece todavía en el alto tribunal, donde ahora habla Diala Wilches, gobernadora (e) de La Guajira.

El presidente Gustavo Petro continúa respondiendo las inquietudes de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Según los datos presentados por el jefe de Estado, el fenómeno del niño que se aproxima y que afectaría principalmente a La Guajira, es el más duro que se ha visto “mil siglos”. Asimismo, manifestó que el cambio climático es una problemática que ya ha afectado a otros países de la región como Uruguay, que, de acuerdo con el presidente Petro, “se quedó sin agua”, o como Ecuador.

Según Petro, esta semana conversó con el presidente de Ecuador y su homólogo en el vecino país le habría pedido que Colombia les vendiera energía eléctrica. Asimismo, el presidente Petro le dice a la Corte que, según los estudios que han hecho, el fenómeno del niño podría provocar un desplazamiento masivo de la población wayuú de La Guajira.

Tras la intervención del presidente Gustavo Petro, la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien preside la audiencia pública, cuestiona al presidente sobre por qué las medidas para La Guajira fueron tomadas por Estado de Excepción y no por medidas ordinarias como el trámite de una ley en el Congreso.

Adicionalmente, la magistrada Ángel le pregunta al primer mandatario si se activó el Sistema de Gestión de Riesgos para tratar de mitigar los problemas en La Guajira. También, le cuestiona al jefe de Estado para que responda por qué las medidas que hay actualmente dentro de ese Sistema no fueron suficientes para él y tuvo que expedir el decreto 1085 de 2023.

El presidente Gustavo Petro responde que aunque han expedido varios decretos en relación con el departamento, el de estado de emergencia se expidió pensando en que se modificara una ley existente y que así no se volvieran a repetir algunos problemas que actualmente se presentan en la Guajira.

El presidente Gustavo Petro es el primero en intervenir en la audiencia pública a la que también asisten algunos de sus ministros, como el de Justicia y la de Medioambiente. El primer mandatario manifiesta que “La Guaira tiene un agravante con relación a otros municipios enlucidos y es que su población indígena wayuú es la más grande del territorio, y vive dispersa en rancherías, complicando las posibilidades de solución a las necesidades básicas insatisfechas”.

De acuerdo con lo dicho por el jefe de Estado, las soluciones a esos problemas “no se pueden dar con que La Guajira se adapte al centro de Colombia, sino que el centro debe acomodarse a las necesidades de la población wayuú”. El presidente manifiesta que en La Guajira hay problemas ambientales como el fenómeno del niño y la crisis climática que “afectan la relación entre el agua y la comunidad”.

Según el jefe de Estado, la idea del decreto de Emergencia es para contrarrestar “la tasa de mortalidad por desnutrición, asociada también al agua, estas tasas son 30 veces más altas que en el resto del país y no es porque a través del sistema de salud no haya recurso público. A pesar de que haya más dinero invertido, las consecuencias son peores, los sistemas administrativos no están mirando las particularidades de la población y se estrellan”.

El decreto del estado de emergencia, dice el presidente Petro a la Corte, es para mitigar en parte la afectación que podrá traer el fenómeno del niño. “No se sabe con certeza cuando llega y cuál es su magnitud, obedece a unas condiciones que tiene que ver con el océano Pacífico. Entidades internacionales le han anunciado a Colombia las probabilidades, en junio se nos avisa que hay un cambio y una probabilidad del niño y sequías en la región, esa probabilidad va aumentando en el tiempo”.

Finalmente, el primer mandatario asegura que el decreto se creó con argumentos científicos para tratar de proteger a la población de La Guajira.

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