Primera condena contra Samuel Moreno por el carrusel de la contratación

El tercer y último proceso contra el exalcade de Bogotá, Samuel Moreno, fue el primero por el cual recibirá una condena. Se trata del contrato del servicio de ambulancias que fue firmado en 2009 y por el cual varios funcionarios, exconcejales y contratistas del Distrito fueron juzgados por apropiarse del 9% del valor total que era por $67.000 millones. El juez penal 14 de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio, tras considerar que existían pruebas sufrientes para determinar que Samuel Moreno recibió alrededor de $2.790 millones por irregularidades en la contratación en la Secretaría de Salud de Bogotá. (Vea: Los testigos en el juicio contra Samuel Moreno)

Para el juez del caso Samuel Moreno actuó con dolo –o conocimiento– y no le importó el grave daño que le causaba a la administración pública al querer obtener un beneficio económico. Por esa razón emitirá un fallo condenatorio con las más altas penas, pues advirtió que el exalcalde de Bogotá tenía una posición que no le permitía reproche alguno. Agregó que junto a concejales, funcionarios públicos y contratistas que lo acompañaron en su campaña política y con quienes desfalcó al distrito tenían que ser llamados como “ampones de cuello blanco” que se repartieron “como en una feria pública los dineros del Distrito”.

Para el juez, Samuel Moreno recibió el respaldo de la sociedad y que su obligación era la protección de los dineros públicos, pero contrario a esa situación lo que hizo fue deslegitimar a la institución. Por esa razón el juez decidió que impondrá la condena más alta, es decir, entre 17 a 24 años de cárcel, basándose en distintos testimonios como los de Emilio Tapia, Héctor Zambrano e Hipólito Moreno, testigos estelares del cartel de la contratación.

El proceso del contrato de ambulancias contra Samuel Moreno comenzó el 30 de abril de 2014 cuando se le imputaron cargos por los delitos de de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Fueron más de dos años en los que se tuvo que reprogramar la audiencia de formalización de acusación por continuos aplazamientos solicitados por la defensa. Es más, el juez en varias ocasiones se mostró inconforme por las dilaciones y “plurales frustraciones” que vivió el inicio del juicio y rechazó las maniobras realizadas por la defensa del exalcalde de Bogotá para dilatar el proceso.

Cuando por fin se pudo arrancar el juicio en noviembre de 2015, fueron tres meses en los que se escucharon los distintos testigos del caso, entre ellos, Emilio Tapia –señalado de ser el intermediario y quien recibía los pagos a nombre de Samuel Moreno– y el excongresista Iván Moreno, hermano del exalcalde y quien ya fue condenado por el cartel de la contratación en octubre de 2014 a 14 años de prisión. Ante el juez también hablaron el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y el expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry, quienes negaron su participación en los hechos a pesar de ser señalados como beneficiario del pago de dádivas. Pero el testimonio principal contra Samuel Moreno fue el del exsecretario de Salud del Distrito, Héctor Zambrano, quien fue condenado a 13 años de cárcel luego de aceptar su participación en estos hechos.

La tesis de la Fiscalía, y que fue aprobada por el juez, se basó en que el entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, direccionó, por petición de los hermanos Samuel e Iván Moreno, la contratación del servicio de ambulancias a favor de la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio. La UT estaba representada por Federico Gaviria –condenado a dos años por estos hechos– y era controlada por los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Según la Fiscalía, a Zambrano le exigieron que el 9% de los dineros de ese contrato tenían que ser repartidos entre los hermanos Moreno –a quienes les correspondía la mitad de esa suma–, contratistas, exconcejales y funcionarios públicos para que pudiera seguir en la Secretaría de Salud.

El juez validó las declaraciones de Zambrano, quien aseguró que la plata de los hermanos Moreno la recibía directamente Emilio Tapia. Además, el exsecretario de Salud explicó cómo repartió $5.180 millones entre los funcionarios implicados: “(Se hizo) en varias entregas, como al señor Emilio Tapia, a quien le entregué en su propio apartamento $2.790 millones (que tenían como destino la casa Moreno). Al concejal Hipólito Moreno le entregué $600 millones, igualmente al concejal Jorge Ernesto Salamanca, $ 600 millones; al concejal Ómar Mejía le entregue $120 millones y al hoy exconcejal Wilson Duarte, $80 millones, entre otros concejales. (…) al entonces subsecretario de Salud Juan Varela, $150 millones; al expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry, $350 millones; al excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, $350 millones; así como $90 millones que le entregué personalmente en su casa al senador Iván Moreno Rojas”.
Entre otras cosas que dijo Zambrano fue que en el baño de su oficina guardaba grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar las comisiones de las cuales habían sido beneficiarios los hermanos Samuel e Iván Moreno. Para el juez 14 penal de conocimiento de Bogotá, el testimonio del exsecretario de Salud fue de vital importancia para evidenciar la responsabilidad de Samuel Moreno.

Juan Carlos Aldana, hombre cercano Emilio Tapia, fue otro de los testimonios que recogió el juez del caso. El testigo aseguró que era la persona encargada de enviar los pagos de las dádivas a Zambrano para que le entregara el contrato a la Unión Temporal, de la que hacía parte una de sus empresas. El juez consideró que el contrato sí se dirección a la UT Transporte Ambulatorio de Bogotá, pues la Fiscalía demostró que no contaba con la capacidad financiera ni material para cumplir con las exigencias del servicio de ambulancias.

Fueron cinco años los que tuvo que esperar Samuel Moreno para ser condenado. Luego de que le ordenaran su arresto el 23 de septiembre de 2011, la Fiscalía enfiló baterías para procesarlo por sus supuestas alianzas con los primos Manuel, Miguel y Guido Nule. El primer expediente que se abrió contra Moreno fue por la cesión de tres contratos de la Fase III de Transmilenio, que les arrebataron a los Nule por sus incumplimientos y entregados a otras empresas. Según las autoridades, estas maniobras correspondieron a un pago de favores de la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Moreno.

En este caso ha sido tan complejo que ni siquiera se ha podido iniciar el juicio en contra el exalcalde. Las continúas dilaciones en el proceso y los recursos presentados por la defensa de Samuel Moreno no han permitido el avance del proceso por la Fase III de Transmilenio que se contrató en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En ese expediente reposan declaraciones de los primos Nule, Emilio Tapia, Inocencio Meléndez y otros testigos estelares del carrusel de la contratación.

El segundo proceso que se abrió contra el exalcalde de Bogotá fue por la entrega irregular de contratos en la reparación de la malla vial de Bogotá. Al parecer, en este caso Samuel Moreno habría permitido que se entregaran a diestra y siniestra dádivas para apropiarse de la contratación de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Según la Fiscalía el control de esta entidad se les entregó a los concejales Hipólito Moreno y Orlando Parada para que le permitieran al exalcalde realizar su gestión sin oposición política. Al frente de la la UMV pusieron a Iván Hernández.

Por estos hechos está siendo procesado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión. El juicio por las irregularidades en la UMV está previsto para que empiece el próximo 7 de abril. En este caso, también serán llamados a declarar Hipólito Moreno, Emilio Tapia, Julio Gómez, Manuel Sánchez y otros de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá que ya han aceptado su responsabilidad.

Por el carrusel de la contratación ya han sido condenadas 24 personas, entre las que se encuentra Iván Moreno, Hipólito Moreno, Emilio Tapia, Guido Nule, Miguel Nule, Manuel Nule, Federico Gaviria, Orlando Parada y otra serie de exconcejales, funcionarios públicos y contratistas que desfalcaron las arcas del Distrito. Lo que quedó claro es que el proceso por el cual se ha podido demostrar la participación de varios de los protagonistas del cartel de contratos ha sido el caso de las ambulancias, pues aún hay varios expedientes que llevan años en los estrados judiciales y no han sido resueltos, bien sea a favor o en contra de los acusados.