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Terrorismo y concierto para delinquir, esos son los delitos que la Fiscalía les ha imputado con mayor frecuencia a los más de 200 miembros de primeras líneas que ha capturado este año. En la otra orilla, los jóvenes, en su mayoría estudiantes, dicen que son perseguidos por su decisión de salir a defender la protesta. Un puñado de ellos acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares, pues aseguran que hay un ambiente de represión que los pone en riesgo. Además de agresiones físicas contra sus miembros, denuncian acciones de inteligencia, montajes en redes, estigmatización y criminalización de sus miembros.
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“Quieren silenciarnos porque les incomodan nuestras voces”, le dijo a este diario Simona, vocera de la primera línea que acudió a la CIDH. Se hacen llamar Escudos Azules, están en Bogotá, y fueron uno de los primeros grupos de su clase que surgieron en el país, hacia finales de 2019, tras la muerte de Dilan Cruz por el disparo de un policía. Para entonces, en las masivas protestas que se registraron en Chile y Hong Kong, jóvenes se agrupaban en vanguardias para recibir los primeros impactos de las fuerzas antimotines. En el país austral los bautizaron como primeras líneas. Dos años más tarde, a las nacidas en Colombia, las han acusado de actos terroristas.
“Los Escudos Azules y otras primeras líneas son tratadas como grupos criminales y algunos han sido judicializados como grupos armados”, explicó Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que radicó la petición de medidas cautelares en la CIDH. “Desde que se crearon los Escudos Azules, y desde su primera salida a la calle a acompañar la protesta social, se evidenció un patrón de violaciones de derechos humanos consistente en detenciones arbitrarias, agresiones físicas, uso desproporcionado de la fuerza, tratos inhumanos, amenazas, robo de información y estigmatización”, añadió Bautista.
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En el documento que radicaron en la CIDH detallan, uno a uno, los eventos en los que sus miembros han sido agredidos y perseguidos. Por ejemplo, en diciembre de 2019, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que las primeras líneas “quieren atentar contra la Fuerza Pública”. Al día siguiente, en una manifestación, dos de sus miembros fueron detenidos. Después de otros incidentes en los que varios de sus miembros resultaron heridos, en enero de 2020 dicen que personas desconocidas intentaron infiltrarse en su grupo y en una manifestación vieron cómo policías los grabaron.
La situación se agravó durante el año pasado: aparecieron panfletos amenazantes, recibían insultos de miembros de la Policía, comenzaron a vincular sus logos con convocatorias que ellos no habían hecho. Una vez citaron a una velatón y comenzaron a aparecer mensajes de desconocidos que invitaban, a la misma hora y en el mismo sector, a tomarse un CAI. A comienzos de 2021 apareció una “alerta criminal” con logos de la Policía que señalaba a los Escudos Azules de ser un “grupo violento y radical”, y días después, en medio de una manifestación, Gareth Sella, miembro de los escudos, recibió un disparo en su ojo izquierdo y perdió el 90 % de la visión.
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“Ahí empezaron las amenazas personales”, recordó Simona, pues luego del trauma ocular que sufrió Sella decidieron salir a medios de comunicación a denunciar que la violencia en su contra arreciaba. Al cabo de unos meses decidieron dejar registros de las agresiones contra sus miembros y eventos que les parecían sospechosos: seguimientos, mensajes y panfletos. En mayo pasado comenzaron un documento, que hoy tiene 72 páginas y fue el punto de partida para las medidas cautelares. “Durante seis meses sistematizamos la información que venían recopilando los Escudos Azules y, finalmente, tuvimos una radiografía de lo que estaba ocurriendo”, explicó Bautista.
“Fue así que concluimos que no son hechos aislados, sino una actuación sistemática en contra de los Escudos Azules, con miras a su judicialización en el contexto de las aprehenciones masivas que se están dando en distintos lugares del país contra miembros de otras primeras líneas”, explicó la directora de la Fundación. Según su visión, lo que les ocurre a sus representados no puede ser visto como algo aislado, sino que ocurre en un ambiente en el que altos funcionarios han vinculado a otros grupos similares con organizaciones criminales sin brindar mayores pruebas, mientras la Fiscalía les aplica la ley con la que se investiga a grupos armados organizados.
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Aunque es importante entender el contexto, aclararon que no hay una única primera línea. “Si fuéramos la organización única que tanto se dice, pues habríamos sacado un pliego en la mitad del paro diciendo qué es lo que queremos. Pero nosotros somos muy distintos a las primeras líneas de Cali, de Medellín o de cualquier otra ciudad”, explicó Simona. Y añadió: “En los Escudos Azules somos unos jóvenes con casi dos años de trabajo, con diferentes perfiles, varios profesionales, que decimos: hemos estado denunciando la brutalidad policial y nos están persiguiendo por eso. No estamos armados y no se puede equivaler un escudo a las armas con las que sale el Esmad”.
En el documento pidieron que se exija al Estado colombiano respetar los derechos de los Escudos Azules que han sido vulnerados. Además, que se convoque a un diálogo de sus miembros con el Gobierno para llegar a acuerdos, que se investiguen los hostigamientos que documentaron y que los altos funcionarios que los han vinculado con actividades criminales se retracten de sus declaraciones. Si bien la petición aún no ha sido resuelta, este diario supo que la CIDH estudia priorizarla. Lo que suceda, en cualquier caso, puede sentar precedente para la región, pues la creación de primeras líneas y su posterior criminalización no ha ocurrido únicamente en Colombia.