“Priorizar no es postergar la búsqueda”: directora de la UBPD anuncia hoja de ruta

¿Cuál es el sentido de priorizar la búsqueda?

Tenemos un problema de una dimensión enorme: una masividad de personas desaparecidas durante más de 50 años de conflicto, un rezago en la búsqueda, una dimensión territorial de básicamente todo el país, las víctimas distribuidas, una impunidad altísima. Tenemos que planificar y organizar.

¿Qué incluye esa priorización?

La priorización tiene dos dimensiones. Por un lado, la priorización de estrategias y, por otro lado, de territorios. Cuando hablamos de priorizar estrategias, hablamos de los ejes esenciales para determinar la suerte y el paradero de una persona desaparecida: información, ubicación, abordaje de lugares, identificación y participación de familias. Les estamos asignando prioridades a esos ejes para agilizar la búsqueda a través de preguntas como: ¿Quiénes son las personas desaparecidas?, ¿dónde las vamos a buscar?, ¿quiénes las buscan?, ¿dónde pueden encontrarse las personas desaparecidas?, ¿con quiénes debemos coordinar esa búsqueda?

¿Podría darnos ejemplos?

Frente a la información, priorizamos a los aportantes de información. Comparecientes o no, que participaron de las hostilidades o no, que tienen información de desaparecidos o de sitios donde puede haber personas desaparecidas. En la identificación tenemos una estrategia para recoger información de los familiares para perfiles genéticos, a la vez que sacamos perfiles de los cuerpos recuperados y que ambos perfiles vayan al Banco Genético. Eso nos lleva a otra línea: la entrega de los cuerpos. No queremos solo encontrarlos, sino entregárselos a las familias para aliviar su sufrimiento.

Otro elemento priorizado es la participación de los familiares y organizaciones de víctimas. De hecho, es un eje transversal. Cualquiera de las estrategias, tenemos que hacerla con los familiares. Asimismo, nosotros dirigimos y coordinamos la búsqueda, pero no podemos solos. Este plan se saca adelante con la cooperación armónica de todas las instituciones.

Justo para la identificación hay una coordinación importante con el Instituto de Medicina Legal, ¿cómo va esa relación?

Hemos tenido no solamente una cooperación, sino un diálogo permanente. Sin embargo, hay un obstáculo: a pesar de que el Gobierno asumió un compromiso de fortalecer Medicina Legal, no lo ha hecho. Había prometido fortalecerlo en personal, cobertura territorial, tecnología y recursos. Eso no se ha cumplido. El Instituto, con sus pocos recursos, que siempre han sido escasos, responde a lo que tiene y a lo que le surgió ahora. Además, nosotros estamos dando recursos para agilizar nuestros resultados, pero el Gobierno no ha cumplido con su tarea.

Por eso decimos que este es nuestro horizonte, pero no lo vamos a lograr si no hay una política pública que articule y fortalezca toda la capacidad del Estado para dar resultados. Así que vamos a impulsar la formulación de un Conpes que genere la política pública para responder a la búsqueda de los desaparecidos.

¿Por qué un Conpes?, ¿qué se resolvería?

Por poner un ejemplo, una de las estrategias priorizadas en términos de lugares es: fortalecer políticas a nivel regional sobre la conservación e identificación de cuerpos en los cementerios. En todos los cementerios hay cuerpos no identificados que rotan, hasta llegar a un osario común, que, en estricto sentido, parece un basurero. El día que alguien va a buscar el cuerpo que dejó allá, no lo encuentra. Entonces, se deben generar políticas públicas a nivel territorial. Ahí hay todo un tema: los alcaldes, los administradores de cementerios, no tienen recursos. No tienen capacitación, no hay un sepulturero fijo, no hay un administrador, no hay archivos organizados. Esa es una problemática dura de la búsqueda.

Puedo mencionar otras: el Banco Genético. La metodología no está fortalecida, el banco no está completo. El sistema de cruce de información es bastante precario porque se hacen búsquedas una a una, no de manera masiva. Hay otra serie de problemas: la información que está en las bases de datos de la Fiscalía no la tenemos toda. O los trámites que hay que hacer en la Registraduría para inhumar a una persona identificada. Son procedimientos relacionados con la búsqueda que no están articulados con la búsqueda. Una política pública podría unir puntos en una estrategia de Estado.

Volviendo a la priorización, ¿qué territorios incluyeron?

Nuestros expertos hicieron un índice cruzando varias cosas: a quiénes estamos buscando, a dónde, con quiénes, dónde los desaparecieron y lugares con mayores condiciones de vulnerabilidad, como los territorios étnicos. Dependiendo de la coincidencia de variables, pues vamos priorizando. Ya priorizamos 18 regiones y subregiones a corto plazo, que casamos con los planes regionales de búsqueda que están en marcha. Además, priorizamos otras 16 regiones a mediano plazo, a 2030.

¿A corto plazo quiere decir que comenzarán las búsquedas pronto?

No. Que ya estamos haciéndolas. Es decir, esta priorización es producto de la práctica también, porque ya lo estamos haciendo. No tenemos los resultados ya, pero sí vamos hacia allá. Aunque llevamos tan corto tiempo, incluida la pandemia, hemos hecho un trabajo que nos permite abordar por primera vez la problemática de la desaparición en la integralidad y la sistematicidad que se requiere. No es decir: ‘aquí hay una fosa’, salir corriendo, para luego no saber quién es, sino hacer una investigación humanitaria que nos permita tener, al menos, una hipótesis de identificación.

La Unidad trabaja ahora con una base de más de 99.000 desaparecidos, ¿qué fracción entrará en la priorización?

Nuestro universo de más de 99.000 sigue construyéndose. De esa cifra, al menos 90.088 permanecen desaparecidas. De ellas, había 8.000 que nunca habían sido reportadas en ninguna base de datos del Estado. Igual, en los 23 planes regionales formulados están cubiertas alrededor de 31.000 personas, es decir, casi la tercera parte del universo. Pero esta es una búsqueda masiva, que de manera inédita en el país asocia variables que hagan asimilables el patrón de desaparición o el de ocultamiento. Eso lleva a que, aunque empezamos con 31.000, la investigación puede jalar a muchos otros.

En un escenario comparable, la JEP también prioriza casos, pero las víctimas cuyos expedientes no han sido priorizados han quedado en el limbo…

Esta es una forma de organizar, planificar y abordar la búsqueda. Eso no significa, en los términos de la priorización que hace la JEP, que haya personas que se quedan por fuera de la búsqueda. No quedan por fuera ni quedan aplazadas. La priorización no es la postergación de la búsqueda. Cuando llegué al cargo, decía: “¿Cómo vamos a hablar de priorización, cómo se prioriza el dolor?”. Pero cuando empezamos a desarrollar nuestra metodología, vimos en la priorización una manera de ser sinceros con las familias, transparentes, con qué vamos a hacer, cuándo y cómo.

¿Ese relacionamiento de casos que jalan otros, ya ha ocurrido?

Varias veces. Por ejemplo, nos llegó una solicitud de búsqueda en Chocó: 38 años de desaparición, la familia no vivía en Colombia, tuvieron que irse al exilio porque la persona desaparecida era combatiente. Empezamos a emprender con información que nos dio la familia y de expedientes judiciales y esta solicitud arrastró 35 más, de familias que no habían hecho la solicitud.

Hay quienes critican que no se sabe cuándo la Unidad decidirá intervenir un lugar, ¿eso estará explicado?

No, en la priorización están explicadas las decisiones para que haya 18 puntos priorizados. Pero hay algo que no he dicho: aunque esto fue producto de la práctica de la Unidad, también hubo un proceso participativo con las víctimas y organizaciones de sociedad civil, quienes plantearon los ejes para la búsqueda. De esos ejes, les preguntamos qué era lo más importante. Lo mismo hicimos con las instituciones.

Ahora, sobre los planes regionales: un plan no es un documento terminado, es una guía de estrategias en el territorio. También vamos a evaluarlos: cada seis meses o un año se hará un balance. Eso permite fortalecer la estrategia de búsqueda, rendirles cuentas a las víctimas, decirle al territorio que contribuyó a encontrar a estas personas y, por último, decirle al país: “En este lugar las desapariciones ocurrieron bajo estas circunstancias”.

¿Cuál es el sentido de priorizar la búsqueda?

Tenemos un problema de una dimensión enorme: una masividad de personas desaparecidas durante más de 50 años de conflicto, un rezago en la búsqueda, una dimensión territorial de básicamente todo el país, las víctimas distribuidas, una impunidad altísima. Tenemos que planificar y organizar.

¿Qué incluye esa priorización?

La priorización tiene dos dimensiones. Por un lado, la priorización de estrategias y, por otro lado, de territorios. Cuando hablamos de priorizar estrategias, hablamos de los ejes esenciales para determinar la suerte y el paradero de una persona desaparecida: información, ubicación, abordaje de lugares, identificación y participación de familias. Les estamos asignando prioridades a esos ejes para agilizar la búsqueda a través de preguntas como: ¿Quiénes son las personas desaparecidas?, ¿dónde las vamos a buscar?, ¿quiénes las buscan?, ¿dónde pueden encontrarse las personas desaparecidas?, ¿con quiénes debemos coordinar esa búsqueda?

¿Podría darnos ejemplos?

Frente a la información, priorizamos a los aportantes de información. Comparecientes o no, que participaron de las hostilidades o no, que tienen información de desaparecidos o de sitios donde puede haber personas desaparecidas. En la identificación tenemos una estrategia para recoger información de los familiares para perfiles genéticos, a la vez que sacamos perfiles de los cuerpos recuperados y que ambos perfiles vayan al Banco Genético. Eso nos lleva a otra línea: la entrega de los cuerpos. No queremos solo encontrarlos, sino entregárselos a las familias para aliviar su sufrimiento.

Otro elemento priorizado es la participación de los familiares y organizaciones de víctimas. De hecho, es un eje transversal. Cualquiera de las estrategias, tenemos que hacerla con los familiares. Asimismo, nosotros dirigimos y coordinamos la búsqueda, pero no podemos solos. Este plan se saca adelante con la cooperación armónica de todas las instituciones.

Justo para la identificación hay una coordinación importante con el Instituto de Medicina Legal, ¿cómo va esa relación?

Hemos tenido no solamente una cooperación, sino un diálogo permanente. Sin embargo, hay un obstáculo: a pesar de que el Gobierno asumió un compromiso de fortalecer Medicina Legal, no lo ha hecho. Había prometido fortalecerlo en personal, cobertura territorial, tecnología y recursos. Eso no se ha cumplido. El Instituto, con sus pocos recursos, que siempre han sido escasos, responde a lo que tiene y a lo que le surgió ahora. Además, nosotros estamos dando recursos para agilizar nuestros resultados, pero el Gobierno no ha cumplido con su tarea.

Por eso decimos que este es nuestro horizonte, pero no lo vamos a lograr si no hay una política pública que articule y fortalezca toda la capacidad del Estado para dar resultados. Así que vamos a impulsar la formulación de un Conpes que genere la política pública para responder a la búsqueda de los desaparecidos.

¿Por qué un Conpes?, ¿qué se resolvería?

Por poner un ejemplo, una de las estrategias priorizadas en términos de lugares es: fortalecer políticas a nivel regional sobre la conservación e identificación de cuerpos en los cementerios. En todos los cementerios hay cuerpos no identificados que rotan, hasta llegar a un osario común, que, en estricto sentido, parece un basurero. El día que alguien va a buscar el cuerpo que dejó allá, no lo encuentra. Entonces, se deben generar políticas públicas a nivel territorial. Ahí hay todo un tema: los alcaldes, los administradores de cementerios, no tienen recursos. No tienen capacitación, no hay un sepulturero fijo, no hay un administrador, no hay archivos organizados. Esa es una problemática dura de la búsqueda.

Puedo mencionar otras: el Banco Genético. La metodología no está fortalecida, el banco no está completo. El sistema de cruce de información es bastante precario porque se hacen búsquedas una a una, no de manera masiva. Hay otra serie de problemas: la información que está en las bases de datos de la Fiscalía no la tenemos toda. O los trámites que hay que hacer en la Registraduría para inhumar a una persona identificada. Son procedimientos relacionados con la búsqueda que no están articulados con la búsqueda. Una política pública podría unir puntos en una estrategia de Estado.

Volviendo a la priorización, ¿qué territorios incluyeron?

Nuestros expertos hicieron un índice cruzando varias cosas: a quiénes estamos buscando, a dónde, con quiénes, dónde los desaparecieron y lugares con mayores condiciones de vulnerabilidad, como los territorios étnicos. Dependiendo de la coincidencia de variables, pues vamos priorizando. Ya priorizamos 18 regiones y subregiones a corto plazo, que casamos con los planes regionales de búsqueda que están en marcha. Además, priorizamos otras 16 regiones a mediano plazo, a 2030.

¿A corto plazo quiere decir que comenzarán las búsquedas pronto?

No. Que ya estamos haciéndolas. Es decir, esta priorización es producto de la práctica también, porque ya lo estamos haciendo. No tenemos los resultados ya, pero sí vamos hacia allá. Aunque llevamos tan corto tiempo, incluida la pandemia, hemos hecho un trabajo que nos permite abordar por primera vez la problemática de la desaparición en la integralidad y la sistematicidad que se requiere. No es decir: ‘aquí hay una fosa’, salir corriendo, para luego no saber quién es, sino hacer una investigación humanitaria que nos permita tener, al menos, una hipótesis de identificación.

La Unidad trabaja ahora con una base de más de 99.000 desaparecidos, ¿qué fracción entrará en la priorización?

Nuestro universo de más de 99.000 sigue construyéndose. De esa cifra, al menos 90.088 permanecen desaparecidas. De ellas, había 8.000 que nunca habían sido reportadas en ninguna base de datos del Estado. Igual, en los 23 planes regionales formulados están cubiertas alrededor de 31.000 personas, es decir, casi la tercera parte del universo. Pero esta es una búsqueda masiva, que de manera inédita en el país asocia variables que hagan asimilables el patrón de desaparición o el de ocultamiento. Eso lleva a que, aunque empezamos con 31.000, la investigación puede jalar a muchos otros.

En un escenario comparable, la JEP también prioriza casos, pero las víctimas cuyos expedientes no han sido priorizados han quedado en el limbo…

Esta es una forma de organizar, planificar y abordar la búsqueda. Eso no significa, en los términos de la priorización que hace la JEP, que haya personas que se quedan por fuera de la búsqueda. No quedan por fuera ni quedan aplazadas. La priorización no es la postergación de la búsqueda. Cuando llegué al cargo, decía: “¿Cómo vamos a hablar de priorización, cómo se prioriza el dolor?”. Pero cuando empezamos a desarrollar nuestra metodología, vimos en la priorización una manera de ser sinceros con las familias, transparentes, con qué vamos a hacer, cuándo y cómo.

¿Ese relacionamiento de casos que jalan otros, ya ha ocurrido?

Varias veces. Por ejemplo, nos llegó una solicitud de búsqueda en Chocó: 38 años de desaparición, la familia no vivía en Colombia, tuvieron que irse al exilio porque la persona desaparecida era combatiente. Empezamos a emprender con información que nos dio la familia y de expedientes judiciales y esta solicitud arrastró 35 más, de familias que no habían hecho la solicitud.

Hay quienes critican que no se sabe cuándo la Unidad decidirá intervenir un lugar, ¿eso estará explicado?

No, en la priorización están explicadas las decisiones para que haya 18 puntos priorizados. Pero hay algo que no he dicho: aunque esto fue producto de la práctica de la Unidad, también hubo un proceso participativo con las víctimas y organizaciones de sociedad civil, quienes plantearon los ejes para la búsqueda. De esos ejes, les preguntamos qué era lo más importante. Lo mismo hicimos con las instituciones.

Ahora, sobre los planes regionales: un plan no es un documento terminado, es una guía de estrategias en el territorio. También vamos a evaluarlos: cada seis meses o un año se hará un balance. Eso permite fortalecer la estrategia de búsqueda, rendirles cuentas a las víctimas, decirle al territorio que contribuyó a encontrar a estas personas y, por último, decirle al país: “En este lugar las desapariciones ocurrieron bajo estas circunstancias”.