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En agosto de 2016, durante el discurso de posesión del recién nombrado fiscal general, Néstor Humberto Martínez, uno de los temas en los que más hizo énfasis fue la implementación de la tecnología en ese organismo. El entonces jefe del ente investigador señaló que “esta será la Fiscalía de la gente y para la gente a través de la tecnología”. Una muestra de que para Martínez una prioridad era tecnificar las labores investigativas mientras estuvo en el principal despacho de la Fiscalía, es la reciente implementación del programa Prisma (Perfil de Riesgo de Reincidencia para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento).
Se trata de una herramienta de predicción del riesgo de reincidencia criminal que busca apoyar a los fiscales al momento de solicitar prisión preventiva en cárcel contra algún investigado por las autoridades colombianas, solicitud que en el mundo judicial es conocido como medida de aseguramiento. El propósito de la herramienta es que los fiscales cuenten con mayor información al momento de sustentar la solicitud de detención. Prisma utiliza todos los datos disponibles a nivel de Policía, Fiscalía e Inpec, así como herramientas de aprendizaje automático (machine learning) para predecir el riesgo de reincidencia en cualquier delito (violentos, contra la propiedad y otros).
El ensamblaje de esta herramienta empezó en julio del año pasado, cuando Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá de la administración de Enrique Peñalosa, fue llamado por el entonces fiscal general Martínez. El jefe del ente investigador le ofreció a Mejía trabajar en el búnker como director de Políticas y Estrategia Institucional, puesto que ocupó hasta mayo pasado. “Fue desde esa dirección, y con el trabajo fundamental de ingenieros, economistas y abogados, que desarrollamos esa herramienta. El fiscal apoyó este proyecto desde que se lo planteé en agosto del año pasado. Trabajamos 10 meses en Prisma y ya está construida y lista para implementarse masivamente”, señaló Mejía a El Espectador.
Desde mayo pasado la Fiscalía puso a andar un plan piloto con 10 fiscales en cinco ciudades del país. Ahora, según Mejía, el siguiente paso es masificar su uso con más fiscales y hacer una evaluación “rigurosa” de su impacto. Mejía aseguró que “en el campo de la inteligencia artificial se han desarrollado algoritmos con capacidad de analizar grandes volúmenes de información, los cuales se someten a “entrenamiento” para aprender patrones de comportamiento, que permiten predecir riesgos con un nivel muy importante de precisión”. Asimismo, el experto en seguridad ciudadana aseguró que estos patrones de reincidencia criminal permitirán que los fiscales cuenten con más y mejor información sobre el historial delictivo de los investigados.
El uso de esta herramienta, según el ente investigador, podría reducir la reincidencia criminal sin aumentar el número de personas que son enviadas a prisión como medida preventiva mientras su proceso avanza en los estrados judiciales. También, de acuerdo con los análisis de la Fiscalía, Prisma puede reducir dos tipos de errores que comúnmente se cometen en las audiencias de solicitud de medidas de aseguramiento por no tener este tipo de información: primero, enviar preventivamente a la cárcel a una persona con un riesgo bajo de reincidencia criminal. Segundo, no otorgarle la medida preventiva a una persona con alto nivel de riesgo de reincidencia.
La base de datos de Prisma tiene información, desde 2005, de 5,7 millones de colombianos que tienen registros en los sistemas de información de Policía, Fiscalía e Inpec. Al analizar la información, según la Fiscalía, se evidenció que de los 215.590 capturados por la Policía en 2018, por ejemplo, el 47 % tenía capturas previas (2 % homicidio, 1 % delitos sexuales, 5 % lesiones personales, 3 % violencia intrafamiliar, 19 % hurto, 22 % tráfico y fabricación de estupefacientes y el resto por otros delitos). Asimismo, de los 84.536 individuos que fueron imputados por la Fiscalía General ese año, el 51 % tenía alguna imputación previa (3 % por homicidio, 1 % por delitos sexuales, 10 % por lesiones personales, 8 % por violencia intrafamiliar, 24 % por hurto y 11 % por tráfico y fabricación de estupefacientes).
La herramienta y los algoritmos se implementarán a través de un documento digital (pdf) que los fiscales podrán descargar del SPOA (el sistema interno de la Fiscalía) al momento de solicitar la medida de aseguramiento. Este documento, además de la predicción de riesgo de reincidencia, contiene toda la información que se tiene del investigado: número de capturas previas de Policía (por delito y con fecha), procesos en el SPOA y actuaciones judiciales y toda la información de eventos previos de encarcelamiento. Según Mejía, la idea es que ahora se haga una evaluación rigurosa de su impacto donde se asigna aleatoriamente a los fiscales el uso de Prisma para hacer todo tipo de mediciones y análisis.
Sobre las posibilidades de que Prisma pueda realizar prejuzgamientos sobre las personas investigadas y las críticas de que la herramienta pueda, eventualmente, estigmatizar ciertos sectores sociales, el exsecretario Mejía aseguró que Prisma debe quedar bajo escrutinio público para que “la gente sepa que no estamos metiendo ninguna característica sociodemográfica a las personas, digamos nivel del Sisbén o educativo, nada de eso. Solamente se mide género, pero teniendo claro que las mujeres reinciden menos y en proporción están 1 a 10 de cometer un delito. Podemos abrir la herramienta a una universidad o a Dejusticia, por ejemplo, para que la revisen”.
¿Qué dicen los abogados y la Academia?
El abogado penalista Francisco Bernate señaló que “es muy importante. Con antelación a esto, los fiscales tenían que hacer una labor dispendiosa, tediosa, y por eso, muchas personas con antecedentes terminaban quedando en libertad. Esta es la importancia de esta nueva herramienta, que los fiscales podrán realizar un trabajo más ágil. Toda el aporte que pueda tener la tecnología en la justicia va ser positivo”. Además, dijo que no comparte las críticas con respecto a que Prisma pudiera estigmatizar a ciertos sectores de la población con la criminalidad.
Por su parte, el abogado especialista en derecho penal Héctor Escobar, aunque coincidió con la posición de Bernate, indicó que Prisma será beneficiosa en la medida de que se respeten los datos de quienes hacen parte de esta herramienta y mientras solo sea como una guía y un soporte para que los fiscales tomen sus decisiones en los procesos judiciales. “Lo que puede hacer un fiscal es soportarse en estos datos para pedirle a un juez que si una persona en el pasado ya fue capturada por un mismo delito varias veces, lo procedente es que esta persona no esté en la calle”, dijo Escobar.
El director del Área de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Michael Weintraub, manifestó que “en Estados Unidos se han usado estos sistemas y parece que tienen efectos interesantes sobre tasas de reincidencia criminal. Creo que como cualquier herramienta hay que tener cuidado, hay que considerar que los datos de la base sean de alta calidad. Además, esto solo tiene que ser una herramienta sea la única que determine la libertad de una persona. La tasa de reincidencia en Colombia no es tan alta como en Estados Unidos y tan alta como los medios lo indican y en épocas de elecciones esta sensación aumenta”.