Proceso contra ex rector de la U. del Magdalena lleva 18 meses

Un giro de 180° vivió el caso del ex rector de la Universidad del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su supuesta responsabilidad en los asesinatos del vicerrector Julio Otero, el decano de la Facultad de Educación, Roque Morelli, y el estudiante de economía Hugo Maduro, ocurridos entre 2000 y 2002 en Santa Marta. Ante un fiscal de Justicia y Paz, cuatro ex paramilitares, conocidos como el ‘Clan de los Rojas’, confesaron en su última versión libre que los homicidios fueron ordenados por el ex comandante del bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna.

Antes de ser extraditado, Giraldo confesó la responsabilidad de las autodefensas en los crímenes y reveló los nombres de los sicarios. Otero, Morelli y Maduro eran señalados por los ‘paras’ de tener vínculos con la guerrilla. Pero los Rojas, ex integrantes de las Auc, miembros de una misma familia y bajo el mando de Giraldo y Rodrigo Tovar (Jorge 40), admitieron que la orden estaba encaminada a asesinar al propio Caicedo. “Los motivos, que unos eran (sic) en contra de la organización, otros (tenían) vínculos con la guerrilla”, manifestó José Gregorio Rojas (Yoyo).

Fueron él, Adán Rojas Ospino (Carrancho), Adán Rojas Mendoza (El Negro) y Rigoberto Rojas Mendoza (Escorpión) quienes eximieron a Caicedo de los señalamientos. Este último le expresó a El Espectador, desde que ocurrieron los asesinatos, que él ha denunciado la existencia de un plan sistemático para eliminar a personas con un pasado en la izquierda, entre los que él mismo figura. No obstante, hace 18 meses la justicia comenzó un proceso en su contra por su presunta participación en estos homicidios.

Carlos Caicedo ingresó a la Universidad del Magdalena en 1997. Se desempeñó como rector hasta agosto de 2006, cuando fue suspendido del cargo por un proceso que se abrió en su contra el 10 de mayo de 2004 por la Contraloría del Magdalena. Los motivos de la investigación eran la orden de Caicedo de pagar las cesantías de 47 docentes sindicalizados de la universidad  —autorizadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena— y supuestas irregularidades en la celebración de contratos, delito del que fue absuelto.

Caicedo, además, en 2004 emprendió un fuerte enfrentamiento público con el gobernador del Magdalena de la época, Trino Luna Correa, quien en declaraciones ante los medios, manifestó que el Partido Comunista Clandestino de Colombia PC-3 (brazo político de las Farc) estaba vinculado a la Universidad del Magdalena, “generando acciones contra la clase dirigente del departamento”. Caicedo sostiene que los ataques de Luna se debían a que él no había podido manejar los dineros de la universidad, que superaban los recursos departamentales.

Caicedo, otrora vinculado a la Corriente de Renovación Socialista, cree que su postura le ha valido un acoso político de largo aliento. En abril pasado, al Tribunal Superior de Santa Marta llegó un anónimo en el que se aseguraba que él había ofrecido $600 millones a los magistrados para que emitieran una sentencia a su favor. Éstos, con base en este papel, solicitaron que el expediente fuera trasladado a Bogotá, donde no ha sido radicado todavía. “Esta decisión condujo a que se perdieran un año y seis meses de mi vida. Pero espero que la justicia tome las declaraciones de los paramilitares como pruebas concluyentes”.

Un giro de 180° vivió el caso del ex rector de la Universidad del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su supuesta responsabilidad en los asesinatos del vicerrector Julio Otero, el decano de la Facultad de Educación, Roque Morelli, y el estudiante de economía Hugo Maduro, ocurridos entre 2000 y 2002 en Santa Marta. Ante un fiscal de Justicia y Paz, cuatro ex paramilitares, conocidos como el ‘Clan de los Rojas’, confesaron en su última versión libre que los homicidios fueron ordenados por el ex comandante del bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo Serna.

Antes de ser extraditado, Giraldo confesó la responsabilidad de las autodefensas en los crímenes y reveló los nombres de los sicarios. Otero, Morelli y Maduro eran señalados por los ‘paras’ de tener vínculos con la guerrilla. Pero los Rojas, ex integrantes de las Auc, miembros de una misma familia y bajo el mando de Giraldo y Rodrigo Tovar (Jorge 40), admitieron que la orden estaba encaminada a asesinar al propio Caicedo. “Los motivos, que unos eran (sic) en contra de la organización, otros (tenían) vínculos con la guerrilla”, manifestó José Gregorio Rojas (Yoyo).

Fueron él, Adán Rojas Ospino (Carrancho), Adán Rojas Mendoza (El Negro) y Rigoberto Rojas Mendoza (Escorpión) quienes eximieron a Caicedo de los señalamientos. Este último le expresó a El Espectador, desde que ocurrieron los asesinatos, que él ha denunciado la existencia de un plan sistemático para eliminar a personas con un pasado en la izquierda, entre los que él mismo figura. No obstante, hace 18 meses la justicia comenzó un proceso en su contra por su presunta participación en estos homicidios.

Carlos Caicedo ingresó a la Universidad del Magdalena en 1997. Se desempeñó como rector hasta agosto de 2006, cuando fue suspendido del cargo por un proceso que se abrió en su contra el 10 de mayo de 2004 por la Contraloría del Magdalena. Los motivos de la investigación eran la orden de Caicedo de pagar las cesantías de 47 docentes sindicalizados de la universidad  —autorizadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena— y supuestas irregularidades en la celebración de contratos, delito del que fue absuelto.

Caicedo, además, en 2004 emprendió un fuerte enfrentamiento público con el gobernador del Magdalena de la época, Trino Luna Correa, quien en declaraciones ante los medios, manifestó que el Partido Comunista Clandestino de Colombia PC-3 (brazo político de las Farc) estaba vinculado a la Universidad del Magdalena, “generando acciones contra la clase dirigente del departamento”. Caicedo sostiene que los ataques de Luna se debían a que él no había podido manejar los dineros de la universidad, que superaban los recursos departamentales.

Caicedo, otrora vinculado a la Corriente de Renovación Socialista, cree que su postura le ha valido un acoso político de largo aliento. En abril pasado, al Tribunal Superior de Santa Marta llegó un anónimo en el que se aseguraba que él había ofrecido $600 millones a los magistrados para que emitieran una sentencia a su favor. Éstos, con base en este papel, solicitaron que el expediente fuera trasladado a Bogotá, donde no ha sido radicado todavía. “Esta decisión condujo a que se perdieran un año y seis meses de mi vida. Pero espero que la justicia tome las declaraciones de los paramilitares como pruebas concluyentes”.