Proceso de extinción a “La Gata” debe volver a comenzar por errores de la Fiscalía

La Fiscalía tiene fuertes indicios de que decenas de fincas, lotes, locales comerciales, casas, camionetas y hasta motos que pertenecían a la empresaria del chance, Enilce López, conocida La Gata, y a sus familiares, habrían sido adquiridos con dineros que le dejó su alianza con el narcotráfico y el paramilitarismo en el Caribe. Por eso, en 2014, el ente investigador desplegó un operativo en el que congeló propiedades vinculadas a López que ascendían a los $500 millones de dólares. Sin embargo, por errores del fiscal que llevaba el caso, el expediente tendrá que volver prácticamente a ceros.

La Fiscalía tiene fuertes indicios de que decenas de fincas, lotes, locales comerciales, casas, camionetas y hasta motos que pertenecían a la empresaria del chance, Enilce López, conocida La Gata, y a sus familiares, habrían sido adquiridos con dineros que le dejó su alianza con el narcotráfico y el paramilitarismo en el Caribe. Por eso, en 2014, el ente investigador desplegó un operativo en el que congeló propiedades vinculadas a López que ascendían a los $500 millones de dólares. Sin embargo, por errores del fiscal que llevaba el caso, el expediente tendrá que volver prácticamente a ceros.

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En una decisión conocida por El Espectador, un fiscal delegado ante el tribunal de Bogotá echó para atrás y dejó sin piso las medidas cautelares con fines de extinción de dominio impuestas por el ente investigador desde 2014 a bienes de López, sus hijos y su círculo empresarial. “Ante la presencia de irregularidades de carácter sustancial se impone la declaratoria de nulidad con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y defensa que se advierten conculcados”, se lee en el documento. ¿El gran error de la Fiscalía? No notificar de manera apropiada.

En primer lugar, lo que ocurrió con 13 de los inmuebles que la Fiscalía buscaba que pasaran de López y su familia a manos del Estado, es que el ente investigador no notificó a la totalidad de los propietarios. Es el caso, por ejemplo, de una finca que la hija de La Gata, Wendy Vanesa Alfonso López, tiene en copropiedad con otra mujer. No obstante, a esa tercera persona nunca le informaron que su predio entraría a un proceso de extinción. Lo mismo ocurrió con nueve vehículos, entre camionetas y motocicletas, y es expresamente una causal de nulidad.

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En el mismo sentido, la Fiscalía debió informar a los acreedores o a personas que tuvieran embargos inscritos en los predios que pretendía quitarle a La Gata, algo que no ocurrió. Así, por ejemplo, las empresas Empresarios Asociados de Apuestas del Magdalena (Aposmar) y Unión de Inversión de la Costa Atlántica (Unicat), a través de las cuales López construyó su emporio en el chance, tenían préstamos con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro o el Banco Cafetero, a las cuales el ente investigador nunca informó de este proceso.

En total ocho inmuebles y cinco vehículos, tenían deudas registradas como hipotecas o estaban en prenda ante los concesionarios en los que fueron comprados, pero los acreedores no recibieron notificación alguna de la Fiscalía. Otros seis predios, una camioneta y una moto que también iban a ser extinguidos ya contaban con medidas de embargo o algún tipo de limitación previa, decretada por jueces civiles en el marco de viejos líos que tenían La Gata, sus familiares o sus socios. Ni los jueces que decretaron esas medidas ni las partes de esos procesos recibieron noticia de la extinción.

Al revisar las apelaciones que interpusieron los abogados de La Gata fue que un fiscal de extinción de dominio superior, delegado ante el Tribunal de Bogotá se dio cuenta de los errores. Además, advirtió el funcionario, siete establecimientos de comercio, dos camionetas, dos inmuebles, así como 328 cabezas de ganado que les fueron incautadas a La Gata en su finca “Wendy”, no figuraban en un edicto emplazatorio. Es decir, la Fiscalía no le informó a la ciudadanía abiertamente que iniciaría un proceso para extinguir el dominio contra estos bienes, como es su obligación.

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Entonces, añade la decisión judicial, “la Fiscalía deberá pasar a sanear los yerros presentados e invalidantes, valga decir, gestionando la notificación personal de la resolución de inicio y sus aditivas a las personas con títulos inscritos de propiedad; a las personas con acreencias hipotecarias y prendarias a su favor, como a las personas con embargos o gravámenes a su favor; y por último cumplir con la publicidad por edicto emplazatorio de los bienes”.