El proceso contra el excongresista José Edilberto Caicedo Sastoque pasará de la Corte Suprema a la Corte. Esto, pues Caicedo presentó el pasado 19 de julio ante el Congreso su renuncia irrevocable como representante a la Cámara. La renuncia se dio semanas después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento por presuntos hechos de corrupción en los que este habría incurrido como alcalde de Zipaquirá en el periodo 2004-2007.
La Sala de Instrucción determinó que por la renuncia de Cicedo y la pérdida del fuero del político, ya no tenía la competencia para con la investigación y remitió el caso a la Fiscalía. El alto tribunal señaló que cuando ocurren este tipo de renuncias, solo puede mantener la competencia cuando las conductas que se investiguen tengan relación con las funciones desempeñadas como congresista.
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Así mismo, la Sala argumentó su decisión explicando que aplicó los mismo principios jurídicos que en el caso del expresidente Álvaro Uribe, en la investigación por presunto fraude procesal y soborno. Con esto, la Corte argumentó que “lo relevante para la extensión del fuero es que en cada caso concreto se constate objetiva y no hipotéticamente el vínculo o nexo existente entre la conducta punible investigada y las funciones del Congresista, de tal suerte que aquella interfiera o genere un riesgo próximo para la función pública”.
En el caso de Caicedo Sastoque, la decisión de enviarlo a la Fiscalía fue tomada por el magistrado ponente Francisco Farfán. Este mismo tribunal deberá, en unos días, decidir si mantiene la competencia en el caso del senador Richard Aguilar, quien también renunció al Congreso luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción.
El contrato por el que se investiga a Caicedo, se celebró en junio de 2007 y tenía como objetivo la construcción de dos tanques, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. No obstante, lo que se denunció fue que dicho contrato no se cumplió a cabalidad debido a que solo fue construida la primera obra. Además, que al momento de suscribir el contrato, el municipio no tenía a su disposición los estudios técnicos de suelos ni geotécnicos para construir las obras de infraestructura, los cuales resultaban necesarios para determinar las cantidades de material y el presupuesto que demandaría la implementación de este.
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El valor del contrato era por más de $660 millones y se hizo a través de un convenio con Luz Stella Jiménez Ballén, gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (Eaaaz). Lo que se le reprocha a Caicedo es que, a pesar de la falta de planeación y transparencia durante el trámite y la celebración del convenio, el exalcalde suscribió tres adiciones por $40, $43 y $87 millones.
Igualmente, en los soportes de la contratación, el excongresista, al parecer, no precisó el objeto de cada adición ni para cuál obra estaban destinados estos dineros. Según reposa en la providencia de la Corte Suprema, las adiciones hicieron que el contrato terminara costando $840 millones y no los $660 millones, inicialmente previstos.