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La procuradora general Margarita Cabello decidió mantener al procurador Ernesto de Jesús Espinosa en su cargo de juzgador del canciller suspendido Álvaro Leyva, quien está en juicio disciplinario en la Procuraduría por sus acciones durante la declaratoria desierta de la licitación de pasaportes de 2023. Cabello no hizo caso a la recusación planteada por la defensa de Leyva, la cual dejó en evidencia las opiniones que constantemente emitió el procurador Espinosa contra el movimiento de Gustavo Petro, desde 2019.
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En el documento firmado por la procuradora, se argumenta la decisión explicando que en la recusación no se logró demostrar que existiera una enemistad grave o una amistad íntima entre el ministro Álvaro Leyva Durán, y el procurador delegado, Ernesto Jesús Espinosa Jiménez. Cabello añadió que no se agregaron pruebas que soportaran la existencia de este conflicto, si bien reconoció que el funcionario sí había entregado su opinión sobre la presidencia de Gustavo Petro, esto no tendría relacional directa con el caso
La procuradora también añadió que el hecho de “tener un superior, quien lo nombró en el cargo”, en este caso la misma Cabello, no significaría que el funcionario recibiera órdenes de este, y actuará menos ligado a los principios de autonomía, independencia y la imparcialidad. Este hecho tampoco tendría pruebas, pues no lograron demostrar que el funcionario hubiera recibido órdenes de otra persona.
La recusación estaba en conocimiento de Cabello desde el pasado 15 de febrero, cuando el mismo procurador Espinosa negó la recusación, pero envió el expediente al despacho de la jefa del órgano de control para su conocimiento. Luego de ocho días, Cabello rechazó la recusación planteada por el defensor de Álvaro Leyva. “No observa el Despacho que en el ámbito de lo meramente objetivo exista prueba de la existencia de un motivo que permita poner en entredicho la serenidad de ánimo, independencia, autonomía, transparencia e imparcialidad del procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Forero”, aseguró.
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El abogado Yefferson Dueñas, defensor de Leyva, presentó la acción por lo que consideró una “enemistad grave” entre el procurador Espinosa y su defendido, el canciller Álvaro Leyva. Lo primero que puso en evidencia fue un episodio, en julio de 2020, cuando Espinosa compartió una columna de opinión de la periodista Vicky Dávila, de la revista Semana, de nombre “El mesías”. Si bien la periodista no mencionó al entonces candidato presidencial Petro, sí habría referenciado características propias de sus modos políticos.
Otro de los tweets recuperados por la defensa de Leyva tiene que ver con la tendencia que se desarrolló en esa red social durante el 18 de agosto de 2019, en la que los usuarios tenían que escribir la leyenda #MeDaMiedo, incluyendo una situación que los atemorizara. El procurador Ernesto Espinosa, entonces lejos de la función pública, escribió: “Que Gustavo Petro sea presidente #MeDaMiedo”.
El procurador Espinosa aseguró, cuando negó la recusación en primera instancia, que “no todo escrúpulo o incomodidad del juzgador basta para sacarlo del conocimiento de un asunto”. Agregó que no se le puede tildar de “enemigo del Gobierno” por sus opiniones, las cuales, en todo caso, emitió antes de ser miembro de la Procuraduría. Asimismo, invocó el artículo 20 de la Constitución, que permite a todos los ciudadanos expresar sus opiniones libremente. Y, como prueba reina, el procurador Espinosa aseguró que nunca se refirió directamente al canciller Leyva.
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La entidad dirigida por Margarita Cabello tiene en juicio al ministro de las relaciones exteriores por haber declarada desierta la “licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Leyva, no obstante, se ha defendido asegurando que, si no declaraba desierta la licitación, hubiese quedo en manos del único contratista que, al final, presentó una oferta formal ante la Cancillería.
Aun así, Leyva gestionó un contrato de urgencia manifiesta para no dejar a los colombianos sin pasaporte, que se acordó con la misma firma Thomas Greg, la cual durante los últimos años se encargó de ese servicio para la Nación. Sin embargo, la Procuraduría le reprocha haber decretado “la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
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