Procurador rechaza intervención militar extranjera en Venezuela

El procurador general, Fernando Carrillo, rechazó este jueves una intervención militar extranjera en Venezuela, pues aseguró que es la Corte Penal Internacional (CPI) quien tiene la capacidad "de parar el régimen de impunidad" del presidente de ese país, Nicolás Maduro. En rueda de prensa en Madrid, España, Carrillo indicó que la "dictadura" venezolana se combate con "herramientas jurídicas internacionales", nunca con "intervenciones militares, bravuconadas o actos contrarios al Derecho Internacional".

En este sentido, asegura que el Gobierno ha tomado el camino "correcto" al unirse a Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para pedir que la Fiscalía de la CPI investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI, "lamentablemente", ha sido una jurisdicción prácticamente irrelevante a nivel global, según el procurador, así que es "hora" de que muestre que tiene la competencia y la fuerza jurídica para proceder por la vía del derecho contra Venezuela, donde existe un "régimen absoluto de corrupción" y "déspota". (Le podría interesar: “Los ojos de Colombia estarán puestos sobre la gestión de Pedrito Pereira”: procurador)

También se refirió a la situación económica y social de ese país, que tiene condiciones de "catástrofe humanitaria", mientras que los responsables siguen en la "completa impunidad". Mencionó además el "millón" de venezolanos desplazados en Colombia debido a esas circunstancias, con nuevos miles cada día, lo que supone un desafío para adaptar la sanidad, la educación y los servicios sociales colombianos, un problema que requiere soluciones y que no puede esperar.

Por otro lado, Fernando Carrillo dijo que apelará a la cooperación judicial internacional con España en caso de que se confirmen las supuestas relaciones que fiscales y jueces españoles habrían mantenido hace años con menores de edad en Cartagena de Indias. Carrillo fue preguntado por unas grabaciones de 2009 difundidas este miércoles por un medio digital español, en las que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, decía en una comida, supuestamente, que algunos miembros de la Fiscalía General y jueces del Tribunal Supremo de España se relacionaron con menores en un viaje a esa ciudad colombiana. (Lea también: Procurador dice que exfiscal tiene pruebas de la corrupción de Odebrecht en Venezuela)

El procurador matizó que, cuando las declaraciones obedecen a "interceptaciones ilegales", en alusión a las grabaciones, hay que mirar las cosas con detenimiento, "eso sin perjuicio de la gravedad de los hechos que puedan aparecer denunciados". "Lo claro es que –precisó el procurador–, si esos hechos se presentaron de la forma como se ha narrado en esas interceptaciones, por supuesto lo mínimo que pueden exigir las autoridades colombianas es que se sepa quiénes fueron los responsables, quiénes han sido los victimarios, examinar la fecha de ocurrencia de esos delitos, la forma como se cometieron".

Y pidió que, por supuesto, "funcione" la cooperación judicial internacional. "Si estamos con la Justicia española –argumentó– en escenarios de cooperación judicial internacional, pues aquí sí que tendría que funcionar la cooperación judicial internacional". Sobre las grabaciones, indicó que no se puede convertir finalmente el sistema de Justicia en una "especie de caja de dimes y diretes como resultado de interceptaciones ilegales".

"Eso es lamentable –argumentó– porque (...) el chantaje nunca puede ser el punto de partida de una investigación o los montajes para que caiga la gente". Antes de ser preguntado por este asunto, Carrillo destacó que España está "lista" a colaborar contra las mafias dedicadas a la explotación sexual de menores en Colombia. (Le sugerimos: El duro mensaje a la Alcaldía de Cartagena por la recuperación del espacio público)

Informó de que trató esta cuestión con la ministra Delgado y la fiscal general de España, María José Segarra, con las que se reunió el martes pasado, cuando aún no habían trascendido las grabaciones citadas. "Estamos muy satisfechos con la posibilidad de avanzar en unos convenios la cooperación internacional", apuntó en este sentido.

Sobre el caso de Inassa, Fernando Carrillo dijo que se descubrieron mecanismos para malversar recursos de los barranquilleros. “Descubrimos contratos de asistencia técnica que eran un cascaron, es decir, contratos falsos por más de US$80 millones desde el año 2012. Logramos identificar ese monto, que es dramático desde el punto de vista de su cuantía. Desde que la Procuraduría suspendió la contratación ficticia que tiene la Triple A, que tiene una vinculación con Inassa, también han aparecido nuevas operaciones”, explicó el jefe del órgano disciplinario, quien también manifestó que varios directivos de Inassa han conversado con la Procuraduría para establecer los montos de reparación por los supuestos contratos falsos de Triple A.

El procurador general, Fernando Carrillo, rechazó este jueves una intervención militar extranjera en Venezuela, pues aseguró que es la Corte Penal Internacional (CPI) quien tiene la capacidad "de parar el régimen de impunidad" del presidente de ese país, Nicolás Maduro. En rueda de prensa en Madrid, España, Carrillo indicó que la "dictadura" venezolana se combate con "herramientas jurídicas internacionales", nunca con "intervenciones militares, bravuconadas o actos contrarios al Derecho Internacional".

En este sentido, asegura que el Gobierno ha tomado el camino "correcto" al unirse a Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para pedir que la Fiscalía de la CPI investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI, "lamentablemente", ha sido una jurisdicción prácticamente irrelevante a nivel global, según el procurador, así que es "hora" de que muestre que tiene la competencia y la fuerza jurídica para proceder por la vía del derecho contra Venezuela, donde existe un "régimen absoluto de corrupción" y "déspota". (Le podría interesar: “Los ojos de Colombia estarán puestos sobre la gestión de Pedrito Pereira”: procurador)

También se refirió a la situación económica y social de ese país, que tiene condiciones de "catástrofe humanitaria", mientras que los responsables siguen en la "completa impunidad". Mencionó además el "millón" de venezolanos desplazados en Colombia debido a esas circunstancias, con nuevos miles cada día, lo que supone un desafío para adaptar la sanidad, la educación y los servicios sociales colombianos, un problema que requiere soluciones y que no puede esperar.

Por otro lado, Fernando Carrillo dijo que apelará a la cooperación judicial internacional con España en caso de que se confirmen las supuestas relaciones que fiscales y jueces españoles habrían mantenido hace años con menores de edad en Cartagena de Indias. Carrillo fue preguntado por unas grabaciones de 2009 difundidas este miércoles por un medio digital español, en las que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, decía en una comida, supuestamente, que algunos miembros de la Fiscalía General y jueces del Tribunal Supremo de España se relacionaron con menores en un viaje a esa ciudad colombiana. (Lea también: Procurador dice que exfiscal tiene pruebas de la corrupción de Odebrecht en Venezuela)

El procurador matizó que, cuando las declaraciones obedecen a "interceptaciones ilegales", en alusión a las grabaciones, hay que mirar las cosas con detenimiento, "eso sin perjuicio de la gravedad de los hechos que puedan aparecer denunciados". "Lo claro es que –precisó el procurador–, si esos hechos se presentaron de la forma como se ha narrado en esas interceptaciones, por supuesto lo mínimo que pueden exigir las autoridades colombianas es que se sepa quiénes fueron los responsables, quiénes han sido los victimarios, examinar la fecha de ocurrencia de esos delitos, la forma como se cometieron".

Y pidió que, por supuesto, "funcione" la cooperación judicial internacional. "Si estamos con la Justicia española –argumentó– en escenarios de cooperación judicial internacional, pues aquí sí que tendría que funcionar la cooperación judicial internacional". Sobre las grabaciones, indicó que no se puede convertir finalmente el sistema de Justicia en una "especie de caja de dimes y diretes como resultado de interceptaciones ilegales".

"Eso es lamentable –argumentó– porque (...) el chantaje nunca puede ser el punto de partida de una investigación o los montajes para que caiga la gente". Antes de ser preguntado por este asunto, Carrillo destacó que España está "lista" a colaborar contra las mafias dedicadas a la explotación sexual de menores en Colombia. (Le sugerimos: El duro mensaje a la Alcaldía de Cartagena por la recuperación del espacio público)

Informó de que trató esta cuestión con la ministra Delgado y la fiscal general de España, María José Segarra, con las que se reunió el martes pasado, cuando aún no habían trascendido las grabaciones citadas. "Estamos muy satisfechos con la posibilidad de avanzar en unos convenios la cooperación internacional", apuntó en este sentido.

Sobre el caso de Inassa, Fernando Carrillo dijo que se descubrieron mecanismos para malversar recursos de los barranquilleros. “Descubrimos contratos de asistencia técnica que eran un cascaron, es decir, contratos falsos por más de US$80 millones desde el año 2012. Logramos identificar ese monto, que es dramático desde el punto de vista de su cuantía. Desde que la Procuraduría suspendió la contratación ficticia que tiene la Triple A, que tiene una vinculación con Inassa, también han aparecido nuevas operaciones”, explicó el jefe del órgano disciplinario, quien también manifestó que varios directivos de Inassa han conversado con la Procuraduría para establecer los montos de reparación por los supuestos contratos falsos de Triple A.