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En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello pidió declarar inconstitucionales una serie de artículos de la ley de paz total (Ley 2272 de 2022). A su juicio, se incumplió la ley porque a pesar de que la norma que introdujo el Gobierno de Gustavo Petro para acercarse a grupos armados trata, desde luego, sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial; el texto nunca fue consultado con la instancia del Estado encargada de analizar ese tipo de propuestas: el Consejo Superior de Política Criminal.
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De esa instancia técnica participan la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y otras entidades que tienen incidencia directa en la justicia y en la lucha contra la criminalidad. Cuando un proyecto de ley toca alguno de esos temas, debe primero ser presentado al Consejo, que sesiona, vota y emite un concepto sobre favorable o desfavorable sobre el texto. Al parecer, según denunció Cabello, en el trámite de la ley de paz total no hay concepto porque nunca se les consultó, acusación que ya han hecho otras demandas contra esta norma que estudia la Corte Constitucional.
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En la misiva que envió al alto tribunal, la procuradora escribió: “El deber de emisión y envío al Congreso del concepto del Consejo Superior de Política Criminal no es caprichoso, dado que es un mecanismo técnico de colaboración armónica entre las ramas el cual busca que las iniciativas legislativas sean acompañadas de un dictamen que indique si las disposiciones propuestas son conformes con el estándar de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”. Cabello recordó cómo, incluso, el Consejo nació por orden de la propia Corte, en una histórica sentencia que cuestionó la política criminal populista del país.
Si bien Cabello pide que se tumbe todo el texto, la demanda sobre la que se pronunció apenas cuestiona algunos artículos de la ley de paz total (2, 12 y 18) porque fueron añadidos en plenaria al texto y nunca fueron discutidos en las comisiones. La Procuraduría coincide también en este argumento, pero considera que la ausencia de un concepto del Consejo Superior es tan grave, que la norma debería ser declarada inconstitucional en su totalidad.
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Asimismo, a la Procuraduría le preocupa el artículo 2 de la ley de paz total, que le permite al Gobierno crear una “instancia de alto nivel” que clasifique a las estructuras armadas que pueden verse beneficiadas tanto de las negociaciones de paz, como de los acercamientos y conversaciones para un sometimiento. Estos dos escenarios son radicalmente distintos desde el derecho internacional, pues las primeras han sido reservadas para los actores que tienen un discurso político —como las guerrillas—, mientras que en el segundo camino entran todas las organizaciones criminales.
A juicio de la Procuraduría, la ley de paz total y la creación de esa “instancia de alto nivel” es tan “indeterminada e imprecisa” que podría abrir la puerta a que el crimen organizado termine recibiendo beneficios de la justicia transicional. “En concreto, las normas que desarrollan los procesos que se autorizan desarrollar con dichas organizaciones y los beneficios para los integrantes de ellas que participen en las negociaciones, incorporan remisiones que generan un tratamiento análogo en muchos casos para los miembros de las tipologías de grupos, ignorando que unas buscan solo el lucro por medio de la violencia y otras al menos afirman un ideario político”, cuestionó Cabello en su escrito.
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Incluso, la procuradora cuestiona que se les abra la puerta a negociaciones de paz a los disidentes de las Farc, pues a su juicio desconoce el derecho de las víctimas a la no repetición, que “impide reconocer incentivos por segunda vez a los individuos que incumplen sus compromisos”. En suma, a la Procuraduría le parece que la ley de paz total va más bien en contravía de principios sobre justicia y considera que debe tumbarse en su totalidad porque los propósitos de paz “deben ser claros y precisos”.
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