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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, por presuntamente participar en una red de corrupción en la que se habrían direccionado contratos por valor de $9.000 millones. Aparentemente, habría manipulado al menos 15 en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
El pasado 24 de octubre, la Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador uribista, pues tiene evidencias de que estaría involucrado en este entramado de corrupción. El caso tendría que ver con el caso por el que ya fue procesado el exsenador liberal, Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión en junio de este año.
(En contexto: Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar a Ciro Ramírez, senador uribista)
Hace cuatro meses, las autoridades abrieron una investigación y actualmente dos personas ya se encuentran procesadas penalmente por este caso, Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador; y el contratista Anderson González González, por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los dos aceptó cargos.
En el caso de Ramírez, la investigación se remonta a 2021, cuando el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado Proyecta Quindío realizaron un contrato por $48.660 millones para viabilizar 27 proyectos de obra, incluidas las consultorías necesarias. Al parecer, Ciro se habría valido de su posición para seleccionar contratistas e interventores referenciados por la red criminal que dirigía Mario Castaño.
(En contexto: Ciro Ramírez, el senador del uribismo que la Corte Suprema investiga por corrupción)
Según la Fiscalía, Rivera Bohórquez servía de enlace entre el senador, Proyecta Quindío y el contratista González. Las pruebas apuntan a que 11 de los 15 contratos se realizaron de manera directa e irregular, donde los contratistas referenciados accedían a información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección. A cambio de estos favores, ofrecían un pago de $1.000 millones al articulador y a las personas que intercedieron.
Ciro Ramírez Cortés es hijo del excongresista del Partido Conservador Ciro Ramírez Pinzón, que fue condenado por parapolítica en 2011. Desde el inicio de su trayectoria política ha sido miembro del partido Centro Democrático y llegó al Congreso en 2014, como representante a la Cámara por Boyacá, territorio en el que, según una investigación publicada por El Espectador, su padre era un cacique político del Partido Conservador. Hasta el momento, el senador Ramírez no se ha pronunciado sobre las investigaciones en su contra.
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