Procuraduría abre investigación a presidente de la SAE y lo suspende tres meses
José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, está en la mira de la Procuraduría. El Ministerio Público quiere establecer si sus decisiones, como cabeza de la entidad, causaron un detrimento patrimonial por, supuestamente, incumplir con una obligación contractual.
La Procuraduría, a la cabeza de Margarita Cabello, abrió una investigación disciplinaria en contra del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas Medellín, uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro. Además de la apertura del expediente, el Ministerio Público anunció que el funcionario queda suspendido por tres meses.
En contexto: SAE no venderá La Triple A hasta que no se esclarezca el origen de la inversión
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría explicó: “Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A”.
La medida del Ministerio Público también es en contra de Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la entidad, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
En contexto: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa
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Para entender bien el caso hay que devolverse a diciembre de 2021. Entonces, se cerró la venta del 82,16% de las acciones de La Triple A, que estaban en poder de la SAE, dado que, como sociedad, tiene un pasado judicial y resultó embargada por solicitud de la Fiscalía. Estaba bajo administración de la SAE, hasta que la empresa Alumbrado Público de Barranquilla adquirió, bajo la figura de “enajenación temprana”, ese porcentaje de acciones por $565.000 millones.
Alumbrado Público está conformado por la Alcaldía y por los accionistas William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes, como reporta El Tiempo. Sin embargo, no han podido tomar control de La Triple A, dado que la misma SAE se abstuvo de ceder su porcentaje, hasta que no se esclarezca el método de la compra y el origen de los dineros que Alumbrado Público invirtió para administrar el acueducto de Barranquilla.
Antecedentes: Sociedad de Activos Especiales asume control directivo de la Triple A, vinculada a Inassa
Los detalles de las supuestas irregularidades los entregó el superintendente Dagoberto Quiroga, quien estableció, en principio, que la figura de “enajenación temprana” es excepcional y que no podía utilizarse para este tipo de operaciones. A principio de año, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, dio declaraciones públicas en las que, incluso, señaló que puede presentarse “peculado por apropiación a favor de terceros”.
Según la investigación, porque la venta de La Triple A pudo concretarse por $300.000 millones de pesos adicionales a los $565.000 por los cuales, a la final, se firmó el contrato. “El 50% que ya entregó, no entendemos de donde lo adquirió porque, de acuerdo a los estudios financieros de Alumbrado Público, no estaba en capacidad financiera para cancelarlos”, señaló el superintendente Quiroga.
Sin embargo, la Procuraduría establece que, de no entregarse el 82,16% de las acciones a K-Yena, podría activarse la cláusula penal a favor de ese conglomerado, por lo cual recibiría hasta $59.000 millones. Una indemnización que el Ministerio Público define como posible “detrimento patrimonial”. Ante lo que considera irregularidades, el órgano de control sacó del puesto al director Rojas Medellín.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría, a la cabeza de Margarita Cabello, abrió una investigación disciplinaria en contra del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas Medellín, uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro. Además de la apertura del expediente, el Ministerio Público anunció que el funcionario queda suspendido por tres meses.
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Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría explicó: “Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A”.
La medida del Ministerio Público también es en contra de Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la entidad, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Para entender bien el caso hay que devolverse a diciembre de 2021. Entonces, se cerró la venta del 82,16% de las acciones de La Triple A, que estaban en poder de la SAE, dado que, como sociedad, tiene un pasado judicial y resultó embargada por solicitud de la Fiscalía. Estaba bajo administración de la SAE, hasta que la empresa Alumbrado Público de Barranquilla adquirió, bajo la figura de “enajenación temprana”, ese porcentaje de acciones por $565.000 millones.
Alumbrado Público está conformado por la Alcaldía y por los accionistas William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes, como reporta El Tiempo. Sin embargo, no han podido tomar control de La Triple A, dado que la misma SAE se abstuvo de ceder su porcentaje, hasta que no se esclarezca el método de la compra y el origen de los dineros que Alumbrado Público invirtió para administrar el acueducto de Barranquilla.
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Según la investigación, porque la venta de La Triple A pudo concretarse por $300.000 millones de pesos adicionales a los $565.000 por los cuales, a la final, se firmó el contrato. “El 50% que ya entregó, no entendemos de donde lo adquirió porque, de acuerdo a los estudios financieros de Alumbrado Público, no estaba en capacidad financiera para cancelarlos”, señaló el superintendente Quiroga.
Sin embargo, la Procuraduría establece que, de no entregarse el 82,16% de las acciones a K-Yena, podría activarse la cláusula penal a favor de ese conglomerado, por lo cual recibiría hasta $59.000 millones. Una indemnización que el Ministerio Público define como posible “detrimento patrimonial”. Ante lo que considera irregularidades, el órgano de control sacó del puesto al director Rojas Medellín.
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