La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra el director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el coronel Daniel Gutiérrez, por una supuesta omisión de funciones para garantizar la seguridad del coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo asesinado en Bogotá el pasado 16 de mayo.
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La decisión también cobija al director de custodia y vigilancia del instituto, Ronaldo Antonio Ramírez. El coronel Fernández fue asesinado días después de haber denunciado ante la Fiscalía amenazas de muerte que llegaron a La Modelo en mensajes en físico.
En su momento, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) le dijo a El Espectador que Élmer Fernández nunca acudió a esa entidad, de tal manera que se le otorgara un esquema de inmediato. También en diálogo con este diario, el director Gutiérrez reconoció que hubo fallas administrativas al momento en que Fernández acudió a la protección que ofrece el instituto.
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Así respondió Gutiérrez: “si hacemos una línea de tiempo, la amenaza fue un jueves. Al día siguiente pone la denuncia en la Fiscalía y él se acerca al Inpec hasta el martes. Todo es materia de investigación, pero lo que me dicen es que faltaba una que otra documentación, que él no tenía a la mano. Luego, Pasa el martes, el miércoles y el jueves es el evento. El asesinato”.
“Al parecer, los funcionarios (Gutiérrez y Ramírez) no adoptaron las medidas de protección pertinentes luego de recibir información sobre las amenazas recibidas por Fernández Velasco, así como tampoco habrían tramitado ante la Unidad Nacional de Protección -UNP- la evaluación de su nivel de riesgo”, explicó la Procuraduría.
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El órgano de control, entonces, requirió al INPEC para que informe las medidas administrativas y preventivas diseñadas para enfrentar amenazas contra la vida e integridad personal de los servidores de la entidad. Asimismo, el instituto deberá detallar cuál es el procedimiento interno y quién está encargado de su implementación.
Según información del mismo instituto, desde el 2022 sus funcionarios han recibido más de 500 amenazas. La prisión más peligrosa para trabajar es la de Tuluá, con 44 eventos en los últimos dos años. Siguen Jamundí con 34; Ibagué con 28; Cúcuta con 27; y Cali con 21. Según las estadísticas, en dos años, los directores de establecimientos han sido amenazados de muerte 27 veces, como le pasó a Fernández antes del desenlace fatal.
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