Procuraduría abre investigación al gobernador de Putumayo por contrato de ambulancias
La entidad adelanta 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos por irregularidades en la atención de la pandemia de COVID-19.
Redacción Judicial
Un contrato de $ 3.460 millones para la compra de 10 ambulancias medicalizadas tiene en la mira de la Procuraduría General al gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, a quien se le abrió una investigación disciplinaria. Según el organismo de control, habría sobrecostos en este convenio que se firmó el pasado 1 de abril en el departamento que todavía no registra casos de COVID-19.
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID – 19, los recursos del Estado no estén presuntamente invertidos y ejecutados de manera correcta, o que estén generando sobrecostos en las actuaciones contractuales desplegadas como consecuencia de una indebida planeación por la Entidad Territorial”, señaló la entidad.
La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González. La Procuraduría, además, solicitó la suspensión de contrato por supuesta inconveniencia del mismo.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, dijo este miércoles que el órgano de control adelanta 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos, así como también evalúa otros 185 registros por presuntas irregularidades en el marco de la atención de la pandemia. De esas cifras, 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías.
Un contrato de $ 3.460 millones para la compra de 10 ambulancias medicalizadas tiene en la mira de la Procuraduría General al gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, a quien se le abrió una investigación disciplinaria. Según el organismo de control, habría sobrecostos en este convenio que se firmó el pasado 1 de abril en el departamento que todavía no registra casos de COVID-19.
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID – 19, los recursos del Estado no estén presuntamente invertidos y ejecutados de manera correcta, o que estén generando sobrecostos en las actuaciones contractuales desplegadas como consecuencia de una indebida planeación por la Entidad Territorial”, señaló la entidad.
La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González. La Procuraduría, además, solicitó la suspensión de contrato por supuesta inconveniencia del mismo.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, dijo este miércoles que el órgano de control adelanta 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos, así como también evalúa otros 185 registros por presuntas irregularidades en el marco de la atención de la pandemia. De esas cifras, 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías.