Procuraduría abre investigación contra Álvaro Leyva por licitación de pasaportes
La investigación se da por las presuntas irregularidades que se presentaron para que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, serán investigados por la Procuraduría, por las presuntas irregularidades que se presentaron para que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes. Se trata de un contrato de $600 mil millones de pesos para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
En contexto: Cancillería declaró desierto el proceso de licitación de pasaportes
La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años.
En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
Lea además: Los enredos por los que se volvió a frenar licitación de pasaportes por $600 mil millones
Con la apertura de investigación, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, con las que buscara establecer si efectivamente se cometió una falta disciplinaria y si ambos funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Desde que se abrió la licitación, el proceso ha sido atropellado. El pasado 5 de septiembre, la Cancillería suspendió la audiencia original, según dijo el ministro Álvaro Leyva, para “garantizar la objetividad”. Antes de eso, la audiencia ya había tenido aplazamientos e incluso un mes entero de suspensión. El mismo presidente Gustavo Pedro habría solicitado condiciones para una participación más plural en el proceso.
Es de recordar también que cerca de siete días después de que fuera declarada desierta esa licitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se abrió un nuevo proceso licitatorio. “El Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, se lee en el comunicado que dio a conocer la Cancillería.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, serán investigados por la Procuraduría, por las presuntas irregularidades que se presentaron para que la Cancillería declarara desierto el proceso de licitación de pasaportes. Se trata de un contrato de $600 mil millones de pesos para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
En contexto: Cancillería declaró desierto el proceso de licitación de pasaportes
La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años.
En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
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Con la apertura de investigación, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, con las que buscara establecer si efectivamente se cometió una falta disciplinaria y si ambos funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Desde que se abrió la licitación, el proceso ha sido atropellado. El pasado 5 de septiembre, la Cancillería suspendió la audiencia original, según dijo el ministro Álvaro Leyva, para “garantizar la objetividad”. Antes de eso, la audiencia ya había tenido aplazamientos e incluso un mes entero de suspensión. El mismo presidente Gustavo Pedro habría solicitado condiciones para una participación más plural en el proceso.
Es de recordar también que cerca de siete días después de que fuera declarada desierta esa licitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se abrió un nuevo proceso licitatorio. “El Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, se lee en el comunicado que dio a conocer la Cancillería.
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