Chuzadas a magistrados: Procuraduría abre investigación contra funcionarios del DNI
El Ministerio Público abrió una indagación preliminar para investigar las denuncias hechas sobre posibles seguimientos ilegales que estarían siendo objeto magistrados de la Corte Constitucional por parte de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La Procuraduría General abrióuna indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales.
El Ministerio Público señaló que se investigarán las denuncias hechas sobre la posible “persecución” de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta corte, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.
Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, quien prendió las alarmas sobre estos presuntos seguimientos contra él y su familia.
“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.
En la mañana de este martes también se supo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una carta al búnker de la Fiscalía pidiendo que se investigue posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de sus magistrados.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción”, dice la carta enviada por la JEP a la Fiscalía.
Durante 2023 dice la JEP, sus magistrados recibieron amenazas de muerte por adelantar las funciones “que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”.
El pasado lunes 24 de junio, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes integran la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, manifestaron estar preocupados por los hechos denunciados por el magistrado Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
Asimismo, los presidentes de los altos tribunales firmaron un documento en el que expresan su rechazo. Señalan, que en caso de comprobarse que efectivamente el magistrado está siendo chuzado, se pone “en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría General abrióuna indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por la presunta interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados de la Corte Constitucional y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales.
El Ministerio Público señaló que se investigarán las denuncias hechas sobre la posible “persecución” de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta corte, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes.
Como parte del proceso que se adelantará, el Ministerio Público revisará si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchará, por resultar relevante y de interés, al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, quien prendió las alarmas sobre estos presuntos seguimientos contra él y su familia.
“La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, señaló la Procuraduría.
En la mañana de este martes también se supo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una carta al búnker de la Fiscalía pidiendo que se investigue posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de sus magistrados.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción”, dice la carta enviada por la JEP a la Fiscalía.
Durante 2023 dice la JEP, sus magistrados recibieron amenazas de muerte por adelantar las funciones “que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”.
El pasado lunes 24 de junio, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes integran la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, manifestaron estar preocupados por los hechos denunciados por el magistrado Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
Asimismo, los presidentes de los altos tribunales firmaron un documento en el que expresan su rechazo. Señalan, que en caso de comprobarse que efectivamente el magistrado está siendo chuzado, se pone “en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.