Procuraduría abre investigación contra la ministra Karen Abudinen

La ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen está bajo la lupa de la Procuraduría. El Ministerio Público le abrió investigación con el propósito de identificar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que incurrió por los anticipos que entregó en el millonario contrato celebrado con la Unión Temporal Centros Poblados. La investigación está orientada a determinar lo que ocurrió con la pérdida de $70.000 millones luego de que el Ministerio de las TIC entregara un anticipo en un contrato para internet rural en las zonas más alejadas del país.

La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.

“No permitiré tachas en mi nombre”, fue lo que dijo en su momento la jefe de la cartera cuando encaró el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La ministra ha estado en el ojo del huracán por el escándalo relacionado con un contrato por $1.07 billones de pesos que tenía como objeto llevar internet a más de 7.000 colegios ubicados en veredas y zonas rurales del país.

En su defensa, la ministra ha dicho que los integrantes de Centros Poblados le hicieron “trampa” al Estado e incluso, durante su intervención en el legislativo el pasado viernes, los catalogó como “delincuentes”. Pese a su defensa, los congresistas que citaron a la moción de censura dejaron al descubierto la posible responsabilidad de la ministra.

Leon Fredy Muñoz, militante de Alianza Verde, aseguró que este episodio fue un “concierto para delinquir”. Señaló que desde que la ministra llegó a su cargo, en mayo del año pasado, se empezaron a cambiar las reglas de juego del contrato. “Había unas reglas de juego de una licitación que empezó en enero. Hicieron cambios sustanciales a esos prepliegos y eso arrojó en agosto que cambiaran esa licitación y abriera la puerta para que participara la unión temporal Centros Poblados”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A juicio del político, todo un entramado entre empresarios y funcionarios públicos para concretar el desfalco y trasladar los más de $70.000 millones de anticipo, con aval del Ministerio TIC. A la visión de Muñoz se sumó la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien señaló que hubo una primera alerta que, para ella, desencadenó después en el escándalo que hoy se conoce. Según su relato, el hecho fue el ingreso de un asesor, Camilo Valencia Suescún, quien salió del MinTic y se le “premió” con un contrato en una entidad adscrita al Ministerio.

Los argumentos de Muñoz y Miranda se sumaron a los más de 20 congresistas que citaron el debate en el que cuestionaban la labor de la ministra. Sobre el proceso en el Congreso, todavía falta que se decida la moción de censura en su contra. Ahora bien, la investigación disciplinaria de la Procuraduría tiene una particularidad: la procuradora Margarita Cabello ha sido recusada para conocer el proceso.

Lea también: Abudinen y Carrasquilla: ¿los apoyos de un gobierno resignado?

Pese a que la recusación presentada contra la jefe del Ministerio Público fue negada, la Red de Veeduría Bien Común ha mencionado de la “amistad cercana” que han tenido las dos funcionarias durante su paso por varios cargos en el Gobierno de Iván Duque. Entre otras cosas, en el documento que presentaron en la última semana de julio, explicaron que la procuradora y la ministra habían sostenido reuniones.

Sobre la recusación, desde el Ministerio Público explicaron que la procuradora Cabello no se separará del proceso debido a que ella es la última instancia que puede conocerlo. Por ahora, la ministra Abudinen no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría.

La ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen está bajo la lupa de la Procuraduría. El Ministerio Público le abrió investigación con el propósito de identificar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que incurrió por los anticipos que entregó en el millonario contrato celebrado con la Unión Temporal Centros Poblados. La investigación está orientada a determinar lo que ocurrió con la pérdida de $70.000 millones luego de que el Ministerio de las TIC entregara un anticipo en un contrato para internet rural en las zonas más alejadas del país.

La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.

“No permitiré tachas en mi nombre”, fue lo que dijo en su momento la jefe de la cartera cuando encaró el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La ministra ha estado en el ojo del huracán por el escándalo relacionado con un contrato por $1.07 billones de pesos que tenía como objeto llevar internet a más de 7.000 colegios ubicados en veredas y zonas rurales del país.

En su defensa, la ministra ha dicho que los integrantes de Centros Poblados le hicieron “trampa” al Estado e incluso, durante su intervención en el legislativo el pasado viernes, los catalogó como “delincuentes”. Pese a su defensa, los congresistas que citaron a la moción de censura dejaron al descubierto la posible responsabilidad de la ministra.

Leon Fredy Muñoz, militante de Alianza Verde, aseguró que este episodio fue un “concierto para delinquir”. Señaló que desde que la ministra llegó a su cargo, en mayo del año pasado, se empezaron a cambiar las reglas de juego del contrato. “Había unas reglas de juego de una licitación que empezó en enero. Hicieron cambios sustanciales a esos prepliegos y eso arrojó en agosto que cambiaran esa licitación y abriera la puerta para que participara la unión temporal Centros Poblados”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

A juicio del político, todo un entramado entre empresarios y funcionarios públicos para concretar el desfalco y trasladar los más de $70.000 millones de anticipo, con aval del Ministerio TIC. A la visión de Muñoz se sumó la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien señaló que hubo una primera alerta que, para ella, desencadenó después en el escándalo que hoy se conoce. Según su relato, el hecho fue el ingreso de un asesor, Camilo Valencia Suescún, quien salió del MinTic y se le “premió” con un contrato en una entidad adscrita al Ministerio.

Los argumentos de Muñoz y Miranda se sumaron a los más de 20 congresistas que citaron el debate en el que cuestionaban la labor de la ministra. Sobre el proceso en el Congreso, todavía falta que se decida la moción de censura en su contra. Ahora bien, la investigación disciplinaria de la Procuraduría tiene una particularidad: la procuradora Margarita Cabello ha sido recusada para conocer el proceso.

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Pese a que la recusación presentada contra la jefe del Ministerio Público fue negada, la Red de Veeduría Bien Común ha mencionado de la “amistad cercana” que han tenido las dos funcionarias durante su paso por varios cargos en el Gobierno de Iván Duque. Entre otras cosas, en el documento que presentaron en la última semana de julio, explicaron que la procuradora y la ministra habían sostenido reuniones.

Sobre la recusación, desde el Ministerio Público explicaron que la procuradora Cabello no se separará del proceso debido a que ella es la última instancia que puede conocerlo. Por ahora, la ministra Abudinen no se ha pronunciado sobre la decisión de la Procuraduría.