Procuraduría abre nueva investigación a exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo
La investigación tiene que ver con presuntas irregularidades en la firma del contrato para la construcción del acueducto El Curval en Santa Marta, por más de 14 mil millones de pesos.
Una nueva investigación disciplinaria salpica al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar (2020-2023). La Procuraduría anunció que abrió un nuevo proceso en su contra por presuntas irregularidades en la firma del contrato para la construcción del acueducto El Curval de esa ciudad. Esta decisión implica además a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Jhonson Salcedo y al gerente de Aguas del Magdalena S.A., Francisco Fernando García Rentería.
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El Ministerio investiga si en los estudios previos de ese contrato firmado por más de 14 mil millones de pesos, se tuvo en cuenta el impacto que podría generar el proyecto sobre las fuentes hídricas seleccionadas para abastecerlo, las cuales provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente presentan riesgo ambiental, como son los ríos Piedras y Don Diego, entre otros.
La Procuraduría investiga también si en este contrato se desconoció un estudio técnico elaborado años atrás, que en sus conclusiones recomendó tomar el recurso del río Magdalena para evitar impactos ambientales sobre los cuerpos de agua de la Sierra Nevada y afectaciones a las comunidades ubicadas en sus riberas.
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Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los estudios ambientales definitivos para el desarrollo del proyecto, así como del análisis contratado en años anteriores denominado ‘Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena’, que hacía una proyección del servicio a 50 años e incluía a Santa Marta entre los municipios que se verían favorecidos.
La investigación se suma a la decisión del Ministerio Público del pasado mes de junio de formular cargos en su contra por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira, cuando fue alcalde de Santa Marta. La decisión implica además al exacalde Rafael Alejandro Martínez. Según la investigación, las obras, al parecer, fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos. De la misma manera, dice el ente de control, no contaron con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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