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La Procuraduría General abrió investigación formal en contra de las directivas del Banco Agrario por la autorización del préstamo de 120 mil millones de pesos al consorcio Navelena S.A.S para la ejecución del contrato para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena. El consorcio tenía relación con la constructora Odebrecht de Brasil.
La investigación cobija a Francisco Santos Mendoza, presidente del Banco Agrario para la época de los hechos; Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio de Hacienda; Arturo Adolfo Dajud Durán, delegado del Ministerio de Agricultura; Juan Luis Hernández Celis, representante del Gobierno Nacional, Luis Fernando Mejía Alzate, representante accionistas mayoritarios.
Así como Francisco Estupiñán Heredia, miembro independiente; Hernando Enrique Gómez Vargas, vicepresidencia jurídico del Banco Agrario; Marcela Ferrán Muñoz, vicepresidente de Crédito y Cartera; Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidente de Banca Comercial, Moisés Mahecha, vicepresidente de Riesgos; Luis Francisco Ogliastri, vicepresidente de Operaciones; y Ómar Arango Páez, gerente Banca Comercial.
El órgano de control disciplinario sostiene en la apertura de la investigación que cuenta con "suficidente evidencia" para tomar esta determinación. Igualmente fue citado a declarar Álvaro Villegas Villegas, el único miembro de la Junta Directiva que se declaró impedido en el proceso de aprobación del mencionado crédito a Navelena.
La investigación está diriida a determinar porqué se le dio vía libre a este préstamo cinco días después que la superintendencia de Sociedades declarara a la empresa en quiebra. La Fiscalía General investiga el presunto pago de sobornos para la adjudicación de este millonario contrato. (Ver Odebrecht y el contrato del río Magdalena)