Procuraduría abrió investigación al exgerente de Emcali y otros 12 funcionarios

La Procuraduría acaba de abrir una investigación disciplinaria en contra del exgerente de Empresas Municipales de Cali (Emcali) Juan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta septiembre de 2022 y a otros 12 funcionarios de esa entidad, por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, por 215.879 millones de pesos, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.

Ver: Emcali: Emilio Tapia dice que destapó escándalo de corrupción en el que fue imputado

El Ministerio Público señaló que aparentemente se habrían presentado irregularidades tanto en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores de este, punto en el que se pudieron registrar sobrecostos en varios de los ítems. El órgano de control indicó que si bien una fracción de lo que se pretende lograr con la implementación de una infraestructura de medición avanzada es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, este no es el fin último y para lograrla aún falta parte de la reglamentación.

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“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos / sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.

A través de un comunicado de presa agregaron que: “Por tratarse de la consumación de una política pública mediante la cual se establecen los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en el servicio público de energía eléctrica, el operador de red debe ser especialmente cuidadoso al abordar este proyecto y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y la normativa regulatoria emitida por la CREG, la cual conoce Emcali tal como lo señala en la Adenda 13″.

Para la Procuraduría existen “distorsiones” que no tienen explicación en el cuadro donde se compararon las cotizaciones, el cual fue suministrado por Emcali, “así como diferencias relevantes entre los valores definidos como promedio en los ítems y los valores contenidos en la oferta presentada, y como consecuencia de lo anterior sobrecostos en varios puntos del contrato”. Además, el Ministerio Público concluye que hay cifras extrañas que probablemente afectaron los promedios de los precios del millonario contrato.

La Procuraduría acaba de abrir una investigación disciplinaria en contra del exgerente de Empresas Municipales de Cali (Emcali) Juan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta septiembre de 2022 y a otros 12 funcionarios de esa entidad, por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, por 215.879 millones de pesos, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.

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El Ministerio Público señaló que aparentemente se habrían presentado irregularidades tanto en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores de este, punto en el que se pudieron registrar sobrecostos en varios de los ítems. El órgano de control indicó que si bien una fracción de lo que se pretende lograr con la implementación de una infraestructura de medición avanzada es disminuir el porcentaje de pérdidas no técnicas, este no es el fin último y para lograrla aún falta parte de la reglamentación.

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“Todo lo anterior es lo que permite al despacho afirmar que los documentos técnicos elaborados en la etapa de planeación, bajo los cuales se intenta implementar por Emcali el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) al parecer son deficientes en los análisis técnicos y económicos, no son claros respecto al objeto de lo que se pretende y eso se refleja en la definición del valor del contrato (sobrecostos / sobreprecios)”, precisó la Procuraduría.

A través de un comunicado de presa agregaron que: “Por tratarse de la consumación de una política pública mediante la cual se establecen los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) en el servicio público de energía eléctrica, el operador de red debe ser especialmente cuidadoso al abordar este proyecto y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y la normativa regulatoria emitida por la CREG, la cual conoce Emcali tal como lo señala en la Adenda 13″.

Para la Procuraduría existen “distorsiones” que no tienen explicación en el cuadro donde se compararon las cotizaciones, el cual fue suministrado por Emcali, “así como diferencias relevantes entre los valores definidos como promedio en los ítems y los valores contenidos en la oferta presentada, y como consecuencia de lo anterior sobrecostos en varios puntos del contrato”. Además, el Ministerio Público concluye que hay cifras extrañas que probablemente afectaron los promedios de los precios del millonario contrato.