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Por posible incumplimiento en crear, dirigir, organizar, administrar y vigilar las cárceles o centros de prisión preventivos en Bogotá, la Procuraduría abrió investigación contra la alcaldesa Claudia López. La decisión también cobija al secretario de Gobierno, Felipe Jiménez. El Ministerio Público le puso la lupa al hacinamiento que se registra en los centros carcelarios de la capital del país.
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En el expediente, la Sala Disciplinaria de Instrucción menciona que desde la administración distrital, al parecer, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad. El Ministerio Público indicó que con su presunta omisión, la alcaldesa y el secretario pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó practicar una serie de pruebas que permitan el esclarecimiento de la situación actual en esos establecimientos.
“La actuación disciplinaria que inició la entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, explicó el Ministerio Publico. La investigación contra la alcaldesa se conoce días después de que la Corte Constitucional ha llamado la atención sobre la crisis carcelaria en el país. Durante inspecciones judiciales a estaciones de policía en Bogotá, el alto tribunal encontró que existe hacinamiento de hasta 200 %.
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En las visitas que adelantó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en las estaciones de policía de Bogotá se encontró que hay servicio de un solo baño para alrededor de 120 personas. Del mismo modo, que habían privados de la libertad que fueron retenidos en un shut de basura. Por la labor del alto tribunal y tras hacer seguimiento a la vulneración masiva de derechos de la población carcelaria, el Inpec ya trasladó a cárceles a 214 personas que se encontraban en centros de detención transitoria.
Si bien la lupa del alto tribunal frente a la crisis carcelaria se fijó desde hace un poco más de 20 años, hasta el año pasado cuando se estableció que había un estado de cosas inconstitucional en los centros de detención fue que los órganos del Estado empezaron a dar cumplimiento a las directrices de la Corte Constitucional. El magistrado Ibáñez, por su parte, mencionó que la situación carcelaria es “preocupante” e instó al Gobierno volcar su mirada hacia esa población para mitigar la vulneración de derechos.
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De momento, la lupa de la Procuraduría se fija, en esta ocasión, sobre la alcaldesa Claudia López y su secretario de Gobierno, quienes son los encargados de que los centros de detención transitoria y las cárceles de Bogotá estén libres de hacinamiento, gocen de buena infraestructura y que los privados de la libertad tengan acceso a la salud y resocialización.
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