Investigan alfiles de Petro por “arriesgar” $18.2 billones de salud de profesores
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de educación, Aurora Vergara; la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla; y el ministro de salud, Guillermo Jaramillo. Habrían incurrido en presuntas irregularidades de dineros del sistema de salud de los docentes.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría abrió una investigación por presuntas irregularidades que comprometieron $18.2 billones del sistema de salud de los profesores. El Ministerio Público incluyó dentro de los investigados a Aurora Vergara, exministra de educación; Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo; Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez y Christian Rey Camacho, representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode); y Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Todos miembros del Consejo Directivo del Fomag.
También, en la investigación disciplinaria que se adelanta, se incluyó a Jhon Mauricio Marín Barbosa, expresidente de la Fiduprevisora S.A, entidad vocera y administradora de los recursos del Fomag; a Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente de Salud; y a Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social.
De acuerdo con los argumentos expuestos por la Procuraduría, el actuar de estos funcionarios no está “garantizando a los afiliados al régimen de excepción del Magisterio el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad; esto es: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario”. El mismo documento señala que “se está poniendo en riesgo la vida de los afiliados más vulnerables al régimen de excepción”.
Todas estas posibles faltas que señala la Procuraduría, se dieron en el marco del cambio al modelo de salud definido por el Consejo directivo del Fomag. El ente de control señala que, al parecer, esas modificaciones se hicieron “sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora, especialmente las relacionadas con la contratación en salud”, ya que no pudo “realizar la verificación y contratación de la red de prestadores del régimen de excepción del Magisterio”.
El Ministerio Público señaló también que una orden escrita del Consejo Directivo del Fomag no es suficiente para poner en operación un sistema de salud, como, según señala, ocurrió. Estas acciones, a los ojos de la Procuraduría, van “en contravía de los principios de la función pública y la contratación”.
Este es el documento con el que se abrió la investigación:
El nuevo modelo de salud de los profesores
El 1 de mayo de este año, entro en vigencia el nuevo modelo de salud de los docentes de Fecode —el mayor sindicato de docentes en el país— y sus familias. Sin embargo, este modelo, en el que trabajaron diversos actores desde agosto de 2023, fue recibido con muchas dudas, e incluso un paro de 24 horas de filiales del sindicato, que se realizó en Quindío, Caldas, Risaralda, Cesar, y Bogotá.
La circular 03 del 1° de abril de 2024, que modificó el sistema, designó a la Fiduprevisora como encargada de la vocería y administración de los recursos del Fomag. Esta entidad estaría encargada de adelantar las acciones y contrataciones para garantizar el acceso a la salud por medio de una “expansión de la oferta” de hospitales y clínicas a las que puedan ir los maestros en Colombia. Esto quiere decir, que la Fiduprevisora pasó de tener que hacer contratos con operadores (que podían ser entre 9 y 13 para todo el país), a hacer contratos con miles de clínicas y hospitales.
También, el nuevo modelo dispuso que la Fiduprevisora hiciera esos contratos después de abrir una invitación pública para que todas las IPS que quieran (y que cumplieran con ciertas condiciones) se inscriban a una “Red Nacional de Prestadores”. Con esto, Fecode buscó integrar una red que la que todas las IPS del país puedan estar, y garantizar que los maestros tengan un mayor acceso a la salud a través de tres niveles.
El primero, un componente de prestador primario, el segundo, un nodo regional de servicios, y el tercero, centros de excelencia o altamente especializados para acceso nacional a cualquier profesor o beneficiario del magisterio. Además, los afiliados estarían acompañados de un gestor farmacéutico a lo largo de los tres niveles, y de un sistema de transporte especializado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría abrió una investigación por presuntas irregularidades que comprometieron $18.2 billones del sistema de salud de los profesores. El Ministerio Público incluyó dentro de los investigados a Aurora Vergara, exministra de educación; Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo; Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez y Christian Rey Camacho, representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode); y Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Todos miembros del Consejo Directivo del Fomag.
También, en la investigación disciplinaria que se adelanta, se incluyó a Jhon Mauricio Marín Barbosa, expresidente de la Fiduprevisora S.A, entidad vocera y administradora de los recursos del Fomag; a Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente de Salud; y a Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social.
De acuerdo con los argumentos expuestos por la Procuraduría, el actuar de estos funcionarios no está “garantizando a los afiliados al régimen de excepción del Magisterio el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad; esto es: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario”. El mismo documento señala que “se está poniendo en riesgo la vida de los afiliados más vulnerables al régimen de excepción”.
Todas estas posibles faltas que señala la Procuraduría, se dieron en el marco del cambio al modelo de salud definido por el Consejo directivo del Fomag. El ente de control señala que, al parecer, esas modificaciones se hicieron “sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora, especialmente las relacionadas con la contratación en salud”, ya que no pudo “realizar la verificación y contratación de la red de prestadores del régimen de excepción del Magisterio”.
El Ministerio Público señaló también que una orden escrita del Consejo Directivo del Fomag no es suficiente para poner en operación un sistema de salud, como, según señala, ocurrió. Estas acciones, a los ojos de la Procuraduría, van “en contravía de los principios de la función pública y la contratación”.
Este es el documento con el que se abrió la investigación:
El nuevo modelo de salud de los profesores
El 1 de mayo de este año, entro en vigencia el nuevo modelo de salud de los docentes de Fecode —el mayor sindicato de docentes en el país— y sus familias. Sin embargo, este modelo, en el que trabajaron diversos actores desde agosto de 2023, fue recibido con muchas dudas, e incluso un paro de 24 horas de filiales del sindicato, que se realizó en Quindío, Caldas, Risaralda, Cesar, y Bogotá.
La circular 03 del 1° de abril de 2024, que modificó el sistema, designó a la Fiduprevisora como encargada de la vocería y administración de los recursos del Fomag. Esta entidad estaría encargada de adelantar las acciones y contrataciones para garantizar el acceso a la salud por medio de una “expansión de la oferta” de hospitales y clínicas a las que puedan ir los maestros en Colombia. Esto quiere decir, que la Fiduprevisora pasó de tener que hacer contratos con operadores (que podían ser entre 9 y 13 para todo el país), a hacer contratos con miles de clínicas y hospitales.
También, el nuevo modelo dispuso que la Fiduprevisora hiciera esos contratos después de abrir una invitación pública para que todas las IPS que quieran (y que cumplieran con ciertas condiciones) se inscriban a una “Red Nacional de Prestadores”. Con esto, Fecode buscó integrar una red que la que todas las IPS del país puedan estar, y garantizar que los maestros tengan un mayor acceso a la salud a través de tres niveles.
El primero, un componente de prestador primario, el segundo, un nodo regional de servicios, y el tercero, centros de excelencia o altamente especializados para acceso nacional a cualquier profesor o beneficiario del magisterio. Además, los afiliados estarían acompañados de un gestor farmacéutico a lo largo de los tres niveles, y de un sistema de transporte especializado.
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