Procuraduría absolvió a directiva de la Fiscalía por caso CIJ Gutiérrez

Tras casi dos años, la Procuraduría cerró la indagación contra una de las funcionarias de más alto rango en la Fiscalía: la Delegada para las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón Flórez. Con esta decisión se pone punto final a un proceso disciplinario que nació por las actuaciones de Bahamón en uno de los expedientes de más alto perfil que tuvo a su cargo en la administración de Néstor Humberto Martínez. Luego de ser señalada por un fiscal subalterno de acoso laboral y extralimitación en sus funciones, la delegada salió bien librada, pues el Ministerio Público concluyó que su comportamiento “se ajustó a los estándares normativos que la obligaban”.

Tras casi dos años, la Procuraduría cerró la indagación contra una de las funcionarias de más alto rango en la Fiscalía: la Delegada para las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón Flórez. Con esta decisión se pone punto final a un proceso disciplinario que nació por las actuaciones de Bahamón en uno de los expedientes de más alto perfil que tuvo a su cargo en la administración de Néstor Humberto Martínez. Luego de ser señalada por un fiscal subalterno de acoso laboral y extralimitación en sus funciones, la delegada salió bien librada, pues el Ministerio Público concluyó que su comportamiento “se ajustó a los estándares normativos que la obligaban”.

Lea aquí: Alta funcionaria de la Fiscalía fue citada a dar explicaciones por caso Supercundi

Todo tiene que ver con el caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez, una compañía con sede en Medellín y una extensa trayectoria, cuyos directivos fueron señalados de una millonaria operación de lavado de activos en marzo de 2019. Para el momento, Bahamón era directora de la Unidad contra el Lavado de Activos y en una rueda de prensa anunció ella misma los resultados de la operación. Sin embargo, el fiscal que tenía a su cargo la investigación la denunció porque, supuestamente, había recibido presiones y acoso por mostrar resultados y tomar decisiones con las que él no estaba de acuerdo. Para la Procuraduría, no hubo nada irregular.

El denunciante, el fiscal Rafael Rojas, aseguraba que, supuestamente, la directora sostuvo reuniones sin él, lo presionó a citar a imputación sin que el caso estuviera listo, que ella dio órdenes a los técnicos investigadores y que lo reprendió por no pedir cárcel para los capturados. Tras una mirada al expediente y escuchar a una docena de testigos, la Procuraduría concluyó: “orientar o guiar las labores del personal a través de mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, preguntas, sugerencias, o poner a disposición su conocimiento y recursos disponibles para el éxito de una indagación, no puede ser interpretado de ninguna manera como un acto de extralimitación”.

Lea aquí: El expediente contra una superpoderosa de la Fiscalía por el caso Forex

Por un lado, porque la investigación sobre las operaciones de CIJ Gutiérrez había sido priorizada, algo de lo que dio cuenta en declaración el propio exfiscal general Néstor Humberto Martínez. En diciembre de 2021, el exjefe del búnker le dio un espaldarazo a Bahamón y aseguró: “Yo creo que fue un caso priorizado estando nosotros, pues la forma de abordar la minería ilegal cambió para trabajar fundamentalmente en las estructuras de comercializadoras internacionales que, según los estudios de macrocriminalidad, eran en muy buena medida facilitadoras de esa forma de delito en Colombia”. Además, ratificó que desde su despacho seguían de cerca esa investigación.

Por ejemplo, la Procuraduría pudo probar que el fiscal Rojas sí tuvo que extenderse en sus horarios laborales cuando estuvo al frente del caso CIJ Gutiérrez y que Bahamón le reclamó cuando no pidió medida de aseguramiento para los directivos de la comercializadora. “Sin embargo, nada de lo anterior, permite inferir que se trataba de una acción tendiente a menguar la dignidad del trabajador, a afectarle en su clima laboral, en fin, se descarta de plano la configuración del elemento que exige el acoso laboral”, concluyó el Ministerio Público. Además, ninguno de los testigos pudo dar cuenta de que se dieran represalias contra el fiscal por su manejo del caso.

Lea también: La investigación y las pruebas contra una superpoderosa de la Fiscalía

Al cabo de unos meses el fiscal Rojas fue trasladado a Cesar, lo que en el búnker es visto muchas veces como un castigo. Sin embargo, la Procuraduría constató que Luz Ángela Bahamón no tenía el poder de tomar una decisión así. En contraste, varios declarantes aseguraron que hallaron el expediente en desorden. Asimismo, una de las pruebas que había aportado el denunciante, la grabación de una reunión sobre el caso CIJ Gutiérrez en la que no estuvo presente el fiscal, fue declarada ilícita. A juicio de la Procuraduría, como los presentes no sabían que estaban siendo grabados y quien la tomó no estaba siendo víctima de un delito, no podía ser considerada prueba.

De otro lado estaba la supuesta extralimitación en sus funciones. La Procuraduría resaltó: “ninguno de los declarantes de la policía judicial, incluyendo peritos, observaron alguna irregularidad o extralimitación por parte de Bahamón”. Para el Ministerio Público no hubo reuniones “clandestinas”, como aseguraba el denunciante, sino que se recaudaba información de avances a fin de tener enteradas a las esferas directivas del búnker. Y el ente de control pudo verificar que la alta funcionaria impartió órdenes a los investigadores, que, “se desprenden de un impulso al proceso penal que se impartió en ejercicio de las funciones propias de directora de la unidad”.

Lea también: La acusación de la Fiscalía contra las cabezas de CIJ Gutiérrez

En ese sentido, la Procuraduría considera que no existió falta alguna por parte de una de las mujeres más poderosas del búnker y una funcionaria con una trayectoria de más de dos décadas en la entidad. En la misma decisión, archivó la indagación contra la coordinadora de policía judicial de la unidad de Lavado de Activos en ese entonces. Luz Cenid Arenas. Otra suerte, sin embargo, ha tenido el caso mismo de CIJ Gutiérrez en la justicia, uno de los expedientes insignia de su coordinación y de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez: ya en dos ocasiones la justicia ha anulado el proceso contra los directivos de la comercializadora por fallas en la investigación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.