Procuraduría absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por Odebrecht
Las dos antiguas altas funcionarios del gobierno de Santos eran investigadas disciplinariamente por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol II.
La Procuraduría dejó en firme la absolución a favor de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes eran investigadas disciplinariamente por el caso Odebrecht. En un fallo de segunda instancia señaló que ninguna incurrió en conflicto de intereses al participar del CONPES 3578 de 2013, que discutió planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y el CONPES 3571 que declaraba de importancia estratégica el proyecto vial Autopista Ruta del Sol.
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La Procuraduría determinó que ni Álvarez ni Parody lideraban sus respectivas carteras durante la época en que se elaboraron los dos documentos CONPES y se suscribió una resolución que emitía concepto vinculante, previo al establecimiento de estaciones de peaje en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. “El Ministerio Público comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”, señaló la Procuraduría.
Lea: Caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez: ¿se viene o no la imputación?
El Ministerio Público señaló que la familia Parody fueron representantes legales de una sociedad que era minoritaria y accionista de otra que finalmente fue escogida por Cormagdalena para otorgarle la concesión sobre el puerto fluvial, meses después de haberse desarrollado las sesiones CONPES en que participaron las exministras.
“Luego del análisis de la conducta que le fue imputada a las disciplinadas, de revisar el material probatorio y decantar el concepto de conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la Procuraduría concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria”, concluyó el Ministerio Público.
Lo particular de este expediente es que en junio de 2018, la propia Procuraduría las llamó a juicio disciplinario cuestionándoles a ambas funcionarias su participación en “la aprobación del Conpes 3817 que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector 2; pese a estar incursas presuntamente en causal de impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias.”
Además, le reprochó a Álvarez que en su calidad de ministra de Transporte, (entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014) por no declararse impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.
La Procuraduría dejó en firme la absolución a favor de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, quienes eran investigadas disciplinariamente por el caso Odebrecht. En un fallo de segunda instancia señaló que ninguna incurrió en conflicto de intereses al participar del CONPES 3578 de 2013, que discutió planes para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, y el CONPES 3571 que declaraba de importancia estratégica el proyecto vial Autopista Ruta del Sol.
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La Procuraduría determinó que ni Álvarez ni Parody lideraban sus respectivas carteras durante la época en que se elaboraron los dos documentos CONPES y se suscribió una resolución que emitía concepto vinculante, previo al establecimiento de estaciones de peaje en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. “El Ministerio Público comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”, señaló la Procuraduría.
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El Ministerio Público señaló que la familia Parody fueron representantes legales de una sociedad que era minoritaria y accionista de otra que finalmente fue escogida por Cormagdalena para otorgarle la concesión sobre el puerto fluvial, meses después de haberse desarrollado las sesiones CONPES en que participaron las exministras.
“Luego del análisis de la conducta que le fue imputada a las disciplinadas, de revisar el material probatorio y decantar el concepto de conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la Procuraduría concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria”, concluyó el Ministerio Público.
Lo particular de este expediente es que en junio de 2018, la propia Procuraduría las llamó a juicio disciplinario cuestionándoles a ambas funcionarias su participación en “la aprobación del Conpes 3817 que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector 2; pese a estar incursas presuntamente en causal de impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias.”
Además, le reprochó a Álvarez que en su calidad de ministra de Transporte, (entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014) por no declararse impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.