Procuraduría advierte posible violación de derechos en búsqueda de desaparecidos

Mientras se le realizaba seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde podrían encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas, la Procuraduría alertó una posible violación masiva de derechos por lo que pidió que se adelanten gestiones para evitar que se declare un estado de cosas inconstitucional por el incumplimiento sistemático de los deberes que se tiene con las víctimas.

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El llamado lo hizo el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, quien le solicitó a la jurisdicción que adelante dos audiencias para evitar la violación sistemática de los derechos fundamentales de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. La primera audiencia será con las autoridades locales que tengan alguna responsabilidad para revisar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y determinar en donde se encuentran falencias.

La segunda audiencia sería con la presencia de instituciones de competencia nacional que se encuentren comprometidas con el sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas. La audiencia tendría como propósito el establecer las competencias, límites, canas de interacción y protocolos para atender los llamados de las víctimas sobre sus familiares desaparecidos.

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Acosta también recordó que el estado de cosas inconstitucional se da cuando se presenta una violación “masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales”. Esto implica que se adopten medidas estructurales para superar esta vulneración, además de que se debe realizar un seguimiento permanente de la implementación de esta medida a cargo de las autoridades judiciales y los órganos de control.

El procurador delegado también pidió que durante las audiencias se definan los protocolos de actuación de cada entidad que participe allí, esto para evitar procesos fraccionados dentro de las entidades. Además, pidió que se convoque a las autoridades del departamento del Valle del Cauca, específicamente de Trujillo y Riofrío, para que participen en las audiencias por ser una fuente valiosa de información en los procesos de búsqueda.

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Además, el delegado de la Procuraduría ante la JEP afirmó que era “grave y sintomático” el bajo nivel de acreditación de las víctimas del conflicto armado dentro de la JEP, especialmente en los departamentos del Eje Cafetero. Esta afirmación nace de los datos entregados por la entidad en los que se registra que tan solo hay 23 víctimas acreditadas en Risaralda, ocho en Quindío y 61 en el departamento de Caldas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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La segunda audiencia sería con la presencia de instituciones de competencia nacional que se encuentren comprometidas con el sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas. La audiencia tendría como propósito el establecer las competencias, límites, canas de interacción y protocolos para atender los llamados de las víctimas sobre sus familiares desaparecidos.

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Acosta también recordó que el estado de cosas inconstitucional se da cuando se presenta una violación “masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales”. Esto implica que se adopten medidas estructurales para superar esta vulneración, además de que se debe realizar un seguimiento permanente de la implementación de esta medida a cargo de las autoridades judiciales y los órganos de control.

El procurador delegado también pidió que durante las audiencias se definan los protocolos de actuación de cada entidad que participe allí, esto para evitar procesos fraccionados dentro de las entidades. Además, pidió que se convoque a las autoridades del departamento del Valle del Cauca, específicamente de Trujillo y Riofrío, para que participen en las audiencias por ser una fuente valiosa de información en los procesos de búsqueda.

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Además, el delegado de la Procuraduría ante la JEP afirmó que era “grave y sintomático” el bajo nivel de acreditación de las víctimas del conflicto armado dentro de la JEP, especialmente en los departamentos del Eje Cafetero. Esta afirmación nace de los datos entregados por la entidad en los que se registra que tan solo hay 23 víctimas acreditadas en Risaralda, ocho en Quindío y 61 en el departamento de Caldas.

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