Procuraduría advirtió acciones contra la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP
El Ministerio Público precisó que la togada no ha adelantado con celeridad procesos clave como el traslado de autos de imputación para que víctimas, intervinientes y comparecientes adelanten sus observaciones.
Este jueves 31 de octubre la Procuraduría anunció que instaurará acciones disciplinarias y constitucionales en contra de la magistrada y presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, por supuestos incumplimientos en el desarrollo de la investigación del macrocaso 01, que indaga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.
La determinación del Ministerio Público se daría luego de que el procurador delegado ante la Jurisdicción, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que la Sala ha insistido en trasladar al mismo tiempo un escrito preliminar con imputaciones jurídicas del macro caso tanto a víctimas como a intervinientes y comparecientes. Según el funcionario, esta determinación de la Sala pretende que víctimas e intervinientes presenten observaciones y los comparecientes realicen el reconocimiento de hechos y conductas cometidas frente a estas imputaciones jurídicas que no son definitivas.
De acuerdo con el análisis de Acosta Aristizábal, esta determinación de la magistratura debilita “las garantías procesales propias que tienen todos los ciudadanos al debido proceso y a conocer de forma clara y definitiva los términos de la imputación frente a los cuales se les pide pronunciarse y asumir responsabilidad”.
En ese sentido, la propuesta del Ministerio Público es que la Sala adelante un primer traslado del auto provisional para que víctimas, intervinientes y comparecientes realicen las observaciones pertinentes y, más adelante, se haga un segundo traslado de un auto definitivo, el cual incorpore “las manifestaciones hechas por quienes intervienen en el proceso, a fin de que los comparecientes realicen su correspondiente reconocimiento”, según indicó la Procuraduría.
“La Procuraduría asegura en su escrito que, impedir que las víctimas de secuestro se acrediten en el macrocaso 1 después de proferido el Auto de Determinación de Hechos y Conductas carece de fundamento jurídico, vulnera los derechos de las víctimas a la participación y crea un trato desigual frente a otros macrocasos en curso, en donde sí existe esta posibilidad”, añadió el ente de control disciplinario a través de u comunicado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Este jueves 31 de octubre la Procuraduría anunció que instaurará acciones disciplinarias y constitucionales en contra de la magistrada y presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, por supuestos incumplimientos en el desarrollo de la investigación del macrocaso 01, que indaga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.
La determinación del Ministerio Público se daría luego de que el procurador delegado ante la Jurisdicción, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que la Sala ha insistido en trasladar al mismo tiempo un escrito preliminar con imputaciones jurídicas del macro caso tanto a víctimas como a intervinientes y comparecientes. Según el funcionario, esta determinación de la Sala pretende que víctimas e intervinientes presenten observaciones y los comparecientes realicen el reconocimiento de hechos y conductas cometidas frente a estas imputaciones jurídicas que no son definitivas.
De acuerdo con el análisis de Acosta Aristizábal, esta determinación de la magistratura debilita “las garantías procesales propias que tienen todos los ciudadanos al debido proceso y a conocer de forma clara y definitiva los términos de la imputación frente a los cuales se les pide pronunciarse y asumir responsabilidad”.
En ese sentido, la propuesta del Ministerio Público es que la Sala adelante un primer traslado del auto provisional para que víctimas, intervinientes y comparecientes realicen las observaciones pertinentes y, más adelante, se haga un segundo traslado de un auto definitivo, el cual incorpore “las manifestaciones hechas por quienes intervienen en el proceso, a fin de que los comparecientes realicen su correspondiente reconocimiento”, según indicó la Procuraduría.
“La Procuraduría asegura en su escrito que, impedir que las víctimas de secuestro se acrediten en el macrocaso 1 después de proferido el Auto de Determinación de Hechos y Conductas carece de fundamento jurídico, vulnera los derechos de las víctimas a la participación y crea un trato desigual frente a otros macrocasos en curso, en donde sí existe esta posibilidad”, añadió el ente de control disciplinario a través de u comunicado.
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