La Procuraduría puso en la alerta de crisis al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, donde son recluidas algunas Personas Privadas de la Libertad (PPL). De acuerdo con el Ministerio Público, en la inspección que hicieron al lugar encontraron que “están poniendo en riesgo la vida e integridad de PPL, guardianes y visitantes”.
La comisión del ente de control que hizo la visita evidenció que durante las jornadas de visitas familiares, en la cuales asisten menores de edad, “se realizan simultáneamente y en los mismos espacios con las visitas conyugales, en las cuales los PPL sostienen relaciones sexuales con sus parejas”.
Podría interesarle: Colombianos presos en Ecuador serían llevados a cárceles del Valle, dice INPEC
Por otra parte, la Procuraduría señala que los policías encargados de la guardia en el lugar no tiene guantes, tapabocas, desinfectantes, ni ningún elemento de bioseguridad para la revisión de personas, alimentos u objetos que ingresan al penal.
De la misma manera, se evidenció que ese centro de reclusión “alberga a 248 hombres y 10 mujeres en un espacio cuya capacidad es para máximo 150 personas”. También, los funcionarios encontraron en el lugar “conexiones eléctricas hechizas, con cables a la vista, que implican alto riesgo de incendio”.
En cuanto al agua que llega al penal, la Procuraduría señala que “no llega el agua a los inodoros del nivel superior, lo que genera insalubridad y riesgo de enfermedades por el agua empozada, que deben surtir en baldes y canecas”.
Le recomendamos: Esta es la carta con la que Procuraduría le pide a Leyva cumplir su suspensión
Dentro de lo resaltado por el Ministerio Público tras su inspección es que “hay PPL infectados con VIH, afecciones en la piel y enfermedades respiratorias que, según denuncian ellos, no son valoradas por médicos antes de realizar nuevos ingresos, lo que pone en riesgo a toda la comunidad”.
La alimentación, por otra parte, tiene deficiencias y quejas por parte de los reclusos, aunado a la falta de elementos de cocina, por lo que la guardia del lugar “se ve obligada a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros elementos, que pueden terminar siendo usados como armas”, dice la Procuraduría.
Con las cosas así, la Procuraduría Regional de Magdalena convocó una mesa de seguimiento en la que se reunirá con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec, entre otras, para tratar las problemáticas y solucionar urgentemente la crisis del lugar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.