Procuraduría alerta por omisiones en la protección de las Islas del Rosario
En 2011, el Consejo de Estado confirmó que las Islas del Rosario, cerca de Cartagena, han sufrido un severo impacto ambiental por las ocupaciones indebidas a causa del turismo. Diez años después, la Procuraduría citó a una reunión a las autoridades ante omisiones e incumplimientos.
El archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo es un lugar paradisiaco, ubicado a 40 km de Cartagena, que ha aguantado el impacto ambiental del turismo excesivo durante décadas. Tal ha sido la violación a los recursos naturales y a las dinámicas físicas, químicas y biológicas, que el Ministerio de Ambiente ha alertado sobre la falta de control y el Consejo de Estado han ordenado su protección urgente. Ante omisiones de las autoridades, la Procuraduría las citó a una reunión urgente.
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Mañana, 24 de agosto, con el propósito de analizar las actuaciones que se deben realizar a corto plazo, la Procuraduría se reunirá con el Ministerio de Ambiente, con Parques Nacionales y Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Dirección General Marítima (Dimar) y a las demás autoridades con competencia en la zona insular de Cartagena. Además, fueron invitados los consejos comunitarios Orika y San Bernardo.
“La Procuraduría alerta omisiones e incumplimientos de las órdenes de la sentencia de 2011 (del Consejo de Estado), lo que ha recrudecido las problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal en zonas de baja mar y de baldíos; construcciones sin permisos de las inspecciones de Policía e inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, que ocasionan vulneraciones de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico, y el aprovechamiento racional de los recursos naturales”, agregó la institución.
La seccional delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios espera que el alcalde de Cartagena, William Dau, entregue respuestas sobre el cumplimiento de la sentencia y explique de qué manera va a proteger los ecosistemas. Se espera que la Fiscalía haga presencia, para conocer si, luego de 10 años, las autoridades han cumplido con la protección de las 27 islas del archipiélago, donde los viajeros suelen comprar paquetes turísticos que incluyen descanso, esnórquel, buceo y hasta kayak.
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El Consejo de Estado, en 2011, aprobó los argumentos de una acción popular que buscó proteger el archipiélago, ante irregularidades denunciadas desde 2006. Entonces, el Consejo concluyó en segunda instancia que las islas, dadas sus condiciones favorables para el desarrollo del turismo, y la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un impacto ambiental severo ¿Las razones? Las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos.
Además, el Consejo encontró que las autoridades no han hecho mucho para evitar el turismo excesivo y la pesca indiscriminada, situación que una década después se repetiría de acuerdo con la Procuraduría. “El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda”, agregó el Consejo.
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Se les ordenó a las instituciones el cumplimiento del Modelo de Desarrollo Sostenible, ordenado en 2003. La Procuraduría verificará si, durante los últimos diez años, las autoridades controlaron la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos solidos y líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y, además, si tumbaron las construcciones ilegales, en un terreno declarado baldío por el Estado, es decir, que en teoría no podría pertenecer a particulares.
El Ministerio de Ambiente, desde 2003, ha alertado sobre la situación en las Islas del Rosario. En una resolución, precisaron que el turismo desbordado ha alterado el hábitat nativo, cambiando incluso las condiciones del suelo. La generación de ruido ha producido estrés y deterioro de los ecosistemas de arrecifes, manglares y la propia fauna y flora del lugar. Por si fuera poco, el compostaje de basuras y las pozas sépticas han generado deterioro de la calidad de las aguas marinas.
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“Las empresas turísticas que promueven las actividades de turismo y recreación, originan impactos negativos a los recursos, puesto que los turistas y las personas que son traídas hacia el archipiélago causan daños por vertimiento de desechos sólidos y líquidos, extracción de corales y alteran el patrimonio cultural porque se cambia el modo de sustento de los pobladores nativos”, fue otra de las precisiones del Ministerio de Ambiente, las cuales, según la Procuraduría, seguirían pasando en una de las “escapadas más hermosas de Colombia”, como reza la página web de Cartagena.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo es un lugar paradisiaco, ubicado a 40 km de Cartagena, que ha aguantado el impacto ambiental del turismo excesivo durante décadas. Tal ha sido la violación a los recursos naturales y a las dinámicas físicas, químicas y biológicas, que el Ministerio de Ambiente ha alertado sobre la falta de control y el Consejo de Estado han ordenado su protección urgente. Ante omisiones de las autoridades, la Procuraduría las citó a una reunión urgente.
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Mañana, 24 de agosto, con el propósito de analizar las actuaciones que se deben realizar a corto plazo, la Procuraduría se reunirá con el Ministerio de Ambiente, con Parques Nacionales y Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Dirección General Marítima (Dimar) y a las demás autoridades con competencia en la zona insular de Cartagena. Además, fueron invitados los consejos comunitarios Orika y San Bernardo.
“La Procuraduría alerta omisiones e incumplimientos de las órdenes de la sentencia de 2011 (del Consejo de Estado), lo que ha recrudecido las problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal en zonas de baja mar y de baldíos; construcciones sin permisos de las inspecciones de Policía e inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, que ocasionan vulneraciones de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico, y el aprovechamiento racional de los recursos naturales”, agregó la institución.
La seccional delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios espera que el alcalde de Cartagena, William Dau, entregue respuestas sobre el cumplimiento de la sentencia y explique de qué manera va a proteger los ecosistemas. Se espera que la Fiscalía haga presencia, para conocer si, luego de 10 años, las autoridades han cumplido con la protección de las 27 islas del archipiélago, donde los viajeros suelen comprar paquetes turísticos que incluyen descanso, esnórquel, buceo y hasta kayak.
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El Consejo de Estado, en 2011, aprobó los argumentos de una acción popular que buscó proteger el archipiélago, ante irregularidades denunciadas desde 2006. Entonces, el Consejo concluyó en segunda instancia que las islas, dadas sus condiciones favorables para el desarrollo del turismo, y la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un impacto ambiental severo ¿Las razones? Las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos.
Además, el Consejo encontró que las autoridades no han hecho mucho para evitar el turismo excesivo y la pesca indiscriminada, situación que una década después se repetiría de acuerdo con la Procuraduría. “El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, la Dirección General Marítima -DIMAR-, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE- y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda”, agregó el Consejo.
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Se les ordenó a las instituciones el cumplimiento del Modelo de Desarrollo Sostenible, ordenado en 2003. La Procuraduría verificará si, durante los últimos diez años, las autoridades controlaron la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos solidos y líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y, además, si tumbaron las construcciones ilegales, en un terreno declarado baldío por el Estado, es decir, que en teoría no podría pertenecer a particulares.
El Ministerio de Ambiente, desde 2003, ha alertado sobre la situación en las Islas del Rosario. En una resolución, precisaron que el turismo desbordado ha alterado el hábitat nativo, cambiando incluso las condiciones del suelo. La generación de ruido ha producido estrés y deterioro de los ecosistemas de arrecifes, manglares y la propia fauna y flora del lugar. Por si fuera poco, el compostaje de basuras y las pozas sépticas han generado deterioro de la calidad de las aguas marinas.
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“Las empresas turísticas que promueven las actividades de turismo y recreación, originan impactos negativos a los recursos, puesto que los turistas y las personas que son traídas hacia el archipiélago causan daños por vertimiento de desechos sólidos y líquidos, extracción de corales y alteran el patrimonio cultural porque se cambia el modo de sustento de los pobladores nativos”, fue otra de las precisiones del Ministerio de Ambiente, las cuales, según la Procuraduría, seguirían pasando en una de las “escapadas más hermosas de Colombia”, como reza la página web de Cartagena.
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