Procuraduría apeló la aceptación de Musa Besaile en la JEP

La Procuraduría General no está de acuerdo con que casos de corrupción como el cartel de la toga o el cartel de la hemofilia lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta de Fernando Carrillo, jefe de esa entidad, es una: ¿qué tiene que ver con el conflicto estos hechos? Por esa razón, apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz del pasado 16 de enero en la que aceptó el sometimiento que hizo el excongresita cordobés Musa Besaile Fayad.

Musa Besaile fue aceptado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública y por los procesos que tenía pendiente en la Corte Suprema de Justicia, 13 en total, entre los cuáles está el caso de parapolítica. Fue en ese expediente en el cual Besaile pagó $2.000 millones para frenar una supuesta orden de captura, en los hechos que se conocen como el cartel de la toga y que involucran a los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo, y al entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla.

Vea: El barón político Musa Besaile aterrizó en la JEP con parapolítica y cartel de la toga

Pero también fue admitido por el expediente que cursaba en la Corte Suprema en el radicado 52.196 por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y cohecho. Según la Procuraduría, ese caso tiene origen precisamente en diálogos grabados en Miami, Estados Unidos, a Gustavo Moreno, Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Allí, Pinilla, habría comentado a Lyons sobre el pago que hizo Musa Besaile y explicado que parte del dinero vino de comisiones de contratos suscritos por la Gobernación por el cartel de la hemofilia.

“Para la Procuraduría estas conductas punibles, constituyen hechos de corrupción administrativa, que no deben ser de competencia de la JEP, porque no tienen ninguna relación con el conflicto armado interno. Ni los hechos asociados al "Cartel de la Toga" ni las conductas relacionadas con el "Cartel de la Hemofilia", que son casos de corrupción administrativa, cumplen con los requisitos exigidos para ingresar a la JEP”, señaló la entidad. Petición similar ha hecho la Procuraduría en los casos del excongresista Álvaro Ashton, del general (r) Miguel Maza Márquez y del exsenador Alberto Santofimio Botero.

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En su compromiso de verdad, Musa Besaile se comprometió a revelar información sobre las casas políticas de Córdoba con las AUC, los avales que dio el grupo armado a las elecciones para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, y la elección del actual procurador general, Fernando Carrillo Flórez. Sobre esto, Carrillo replicó: “Si tienen algo que decir contra alguien, incluso contra mí, que lo diga a la Justicia ordinaria. El que tenga pruebas y no infamias y mentiras que acuda a la Corte Suprema”.

La Procuraduría General no está de acuerdo con que casos de corrupción como el cartel de la toga o el cartel de la hemofilia lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz. La pregunta de Fernando Carrillo, jefe de esa entidad, es una: ¿qué tiene que ver con el conflicto estos hechos? Por esa razón, apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz del pasado 16 de enero en la que aceptó el sometimiento que hizo el excongresita cordobés Musa Besaile Fayad.

Musa Besaile fue aceptado como agente del Estado no miembro de la fuerza pública y por los procesos que tenía pendiente en la Corte Suprema de Justicia, 13 en total, entre los cuáles está el caso de parapolítica. Fue en ese expediente en el cual Besaile pagó $2.000 millones para frenar una supuesta orden de captura, en los hechos que se conocen como el cartel de la toga y que involucran a los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo, y al entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio, Leonardo Pinilla.

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Pero también fue admitido por el expediente que cursaba en la Corte Suprema en el radicado 52.196 por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y cohecho. Según la Procuraduría, ese caso tiene origen precisamente en diálogos grabados en Miami, Estados Unidos, a Gustavo Moreno, Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Allí, Pinilla, habría comentado a Lyons sobre el pago que hizo Musa Besaile y explicado que parte del dinero vino de comisiones de contratos suscritos por la Gobernación por el cartel de la hemofilia.

“Para la Procuraduría estas conductas punibles, constituyen hechos de corrupción administrativa, que no deben ser de competencia de la JEP, porque no tienen ninguna relación con el conflicto armado interno. Ni los hechos asociados al "Cartel de la Toga" ni las conductas relacionadas con el "Cartel de la Hemofilia", que son casos de corrupción administrativa, cumplen con los requisitos exigidos para ingresar a la JEP”, señaló la entidad. Petición similar ha hecho la Procuraduría en los casos del excongresista Álvaro Ashton, del general (r) Miguel Maza Márquez y del exsenador Alberto Santofimio Botero.

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En su compromiso de verdad, Musa Besaile se comprometió a revelar información sobre las casas políticas de Córdoba con las AUC, los avales que dio el grupo armado a las elecciones para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, y la elección del actual procurador general, Fernando Carrillo Flórez. Sobre esto, Carrillo replicó: “Si tienen algo que decir contra alguien, incluso contra mí, que lo diga a la Justicia ordinaria. El que tenga pruebas y no infamias y mentiras que acuda a la Corte Suprema”.