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El pasado 28 de marzo, el Ejército Nacional incursionó en un operativo militar que dejó 11 muertos, entre ellos civiles de la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), según reconoció la Defensoría. Ahora, la procuradora general Margarita Cabello anunció que ese órgano de control tomó el poder preferente del caso y, por tanto, toda investigación disciplinaria será coordinada y desarrollada por sus funcionarios.
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“Esta mañana se desplegó una comisión especial dentro de ese proceso disciplinario para efectos de empezar a practicar pruebas. Esa comisión está llegando a la región para recibir las declaraciones y tener la recepción de testimonios para avanzar rápidamente en esta investigación que tanto preocupa a la ciudadanía”, anunció la procuradora Cabello.
La polémica sigue en su punto más alto. En esa región del suroccidente nacional se llevó a cabo una operación para dar con Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, quien según información de inteligencia podía estar en un bazar comunitario en la vereda Bajo Remanso. La acción militar dejó 11 muertos, los cuales representaron toda una polémica para el Ejército, dado que organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo denunciaron que se trataría de civiles. Campesinos inocentes a quienes el Gobierno señala de colaboradores de narcos.
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La operación para dar con alias Bruno estaba amparada en una orden de captura emitida por la Fiscalía. Sin embargo, los métodos desplegados por el Ejército tienen en el ojo del huracán a su comandante, el general Eduardo Zapateiro, y al mismo ministro de Defensa Diego Molano, contra quien se prepara un debate de control político en el Senado. La Defensoría alertó por la muerte del gobernador indígena Pablo Panduro, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Divier Hernádez, y su esposa Ana María Sarrias, quien tenía dos meses de embarazo. Aparte un menor de edad de 16 años.
El pasado 4 de abril, El Comando General de las Fuerzas Militares, integrado por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea anunció que había iniciado una indagación disciplinaria. Según explicó, la operación estuvo a cargo del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército ¿El objetivo? Atacar a alias Bruno, quien sería ficha de la Segunda Marquetalia y a la vez de los denominados Comandos de la Frontera.
El Espectador estuvo en el lugar de los hechos, así como enviados de Vorágine y Cambio Colombia. Accedieron a un video que muestra a la población de la vereda reclamando fuertemente a un hombre vestido de negro y arengando que se trataría de casos de falsos positivos. De la viva voz de los pobladores, registraron denuncias por posible manipulación de cadáveres y una llegada tardía de la Fiscalía. Incluso, el presunto robo de millones de pesos recolectados en el bazar, el cual estuvo acompañado música, bebida y un torneo de microfútbol.
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David Melo Cruz, abogado de la Fundación Liderazgo y Paz del Putumayo, representa a más de 35 personas quienes serían víctimas del operativo del Ejército. Entre sus conclusiones está que se violó el Derecho Internacional Humanitario, pues no se cumplió con el principio de distinción. Además, cree que los militares confundieron a alias Bruno. “Tenemos información de que lo confundieron con el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal. Su testimonio dice que cuando el Ejército llegó, a él lo tiraron al piso, le ‘dieron pata’, le dijeron que él era Bruno, hasta que la esposa fue, llevó la cédula de él, llegaron las hijas y se dieron cuenta de que él no era, lo dejaron”.
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