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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), atendiendo un requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, remitió los expedientes que tenía en curso en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al sistema de Justicia y Paz.
La decisión, inicialmente comunicada por el Ministerio Público, se tomó con base en un requerimiento enviado por el ente de control disciplinario en octubre pasado a la Jurisdicción, en el que recuerda que la Corte Constitucional rechazó la posibilidad de que los paramilitares ingresen a la JEP bajo el concepto de “bisagra” entre actores armados y agentes del Estado.
De acuerdo con el concepto emitido por la Procuraduría, “estos no son destinatarios del Acuerdo de Paz de manera que su juez natural se encuentra en el sistema transicional de Justicia y Paz”. Así mismo, el órgano disciplinario agregó que los exparamilitares tampoco pueden ingresar a la JEP como terceros, pues ese mecanismo solo aplica para quienes tuvieron un rol determinante en el conflicto armado sin pertenecer a otros grupos armados diferentes a las extintas Farc.
El meollo judicial del expediente Mancuso
El enredo judicial de Salvatore Mancuso se dio entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Justicia y Paz, y surgió por disputas sobre quién tiene competencia para juzgarlo por delitos posteriores a su desmovilización como paramilitar. El exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentó voluntariamente a la JEP, en donde ofreció contar lo que sabe sobre la relación entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.
Mancuso rindió algunas versiones ante la Jurisdicción desde una prisión en Estados Unidos, antes de volver a Colombia en julio pasado, y habló sobre los cuerpos desaparecidos en Venezuela, los cuales intentó ayudar a localizar como muestra de que sus aportes eran ciertos. También mencionó detalles sobre las empresas que habrían financiado a su organización criminal e, incluso, habló sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, el expediente de Mancuso, quien fue aceptado ante la JEP precisamente como “bisagra” entre los paramilitares y agentes estatales, sería enviado a Justicia y Paz por orden de la Corte Constitucional, la cual resolvió en agosto de 2024 que la competencia para investigarlo a él, así como a otros jefes paramilitares, sigue siendo de Justicia y Paz. La determinación fue rechazada por la Jurisdicción Especial para la Paz.
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