Procuraduría designó agente especial para conciliación en pleito entre EPM e Hidroituango

El procurador general, Fernando Carillo, designó un agente especial para adelantar una conciliación extrajudicial en el a raíz de la demanda instaurada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra los empresarios que lideran la construcción del proyecto Hidroituango, por $9.9 billones. En la solicitud de conciliación, EPM convocó a los tres consorcios que están a cargo de la megaobra y que en los últimos años ha generado un gran debate sobre los retrasos de la obra a raíz de la contingencia que se presentó en 2018 cuando un túnel de la estructura se tapó y casi termina generando una tragedia.

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La Procuraduría tiene diez días para admitir o no esta solicitud de EPM y determinar si es procedente. “En caso de encontrarla ajustada a los requisitos legales, fijará las fechas y horas para realizar las audiencias que pudieran llevar a una conciliación. El agente especial del Ministerio Público adelantará el trámite respectivo, en el que buscará mediar para que se logre una conciliación que repare, sea justa y proporcionada, y permita que el proyecto continúe sin ningún riesgo”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

Se cumplen dos años de la emergencia en Hidroituango

El pasado lunes 10 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a los medios de comunicación la multimillonaria demanda. A los dos días del anuncio del mandatario local, quien preside la junta directiva de la compañía, los ocho integrantes de la junta renunciaron a su cargo por no haber sido consultados para tomar esta decisión. Para adelantar la conciliación extrajudicial, la Procuraduría cuenta con un plazo máximo de cinco meses. De lograrse un acuerdo este será sometido a una aprobación judicial, en caso contrario, EPM debería presentar una demanda ante la justicia administrativa.

EPM señala que las dificultades y fallas en la construcción de Hidroituango ocasionaron la contingencia que se vivió en el proyecto en 2018. Además, ocasionaron retrasos de su entrada en operación y desplazamientos en las comunidades que se encuentran cerca al proyecto. “Se ha investigado exhaustivamente todos los aspectos principales, reconociendo el detalle absoluto del proyecto y el rol de cada uno de los agentes responsables para las labores, abarcando desde el diseño, ingeniería, tanto básica como de detalle, y la construcción en su totalidad”, señaló el gerente de EPM, Álvaro Rendón.

Lo que quiere la Alcaldía de Medellín es emprender las acciones legales contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por una suma de $9,9 billones, para que los sobrecostos de la megaobra -que incluyen todo lo que derivó de la emergencia de 2018- los asuman ellos y no los contribuyentes. Para un proceso así, es obligatorio que por lo menos se intente la conciliación.

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“Desde el primer día solicité a EPM a evaluar los costos reales del proyecto, los sobrecostos y los responsables de ellos. La investigación duró ocho meses. Hoy, EPM decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos, la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango”, señaló Quintero.

“Se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de las entradas de generación, y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que al postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación, obligando a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores y casa de máquinas”, añadió Rendón.

El procurador general, Fernando Carillo, designó un agente especial para adelantar una conciliación extrajudicial en el a raíz de la demanda instaurada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra los empresarios que lideran la construcción del proyecto Hidroituango, por $9.9 billones. En la solicitud de conciliación, EPM convocó a los tres consorcios que están a cargo de la megaobra y que en los últimos años ha generado un gran debate sobre los retrasos de la obra a raíz de la contingencia que se presentó en 2018 cuando un túnel de la estructura se tapó y casi termina generando una tragedia.

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La Procuraduría tiene diez días para admitir o no esta solicitud de EPM y determinar si es procedente. “En caso de encontrarla ajustada a los requisitos legales, fijará las fechas y horas para realizar las audiencias que pudieran llevar a una conciliación. El agente especial del Ministerio Público adelantará el trámite respectivo, en el que buscará mediar para que se logre una conciliación que repare, sea justa y proporcionada, y permita que el proyecto continúe sin ningún riesgo”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

Se cumplen dos años de la emergencia en Hidroituango

El pasado lunes 10 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a los medios de comunicación la multimillonaria demanda. A los dos días del anuncio del mandatario local, quien preside la junta directiva de la compañía, los ocho integrantes de la junta renunciaron a su cargo por no haber sido consultados para tomar esta decisión. Para adelantar la conciliación extrajudicial, la Procuraduría cuenta con un plazo máximo de cinco meses. De lograrse un acuerdo este será sometido a una aprobación judicial, en caso contrario, EPM debería presentar una demanda ante la justicia administrativa.

EPM señala que las dificultades y fallas en la construcción de Hidroituango ocasionaron la contingencia que se vivió en el proyecto en 2018. Además, ocasionaron retrasos de su entrada en operación y desplazamientos en las comunidades que se encuentran cerca al proyecto. “Se ha investigado exhaustivamente todos los aspectos principales, reconociendo el detalle absoluto del proyecto y el rol de cada uno de los agentes responsables para las labores, abarcando desde el diseño, ingeniería, tanto básica como de detalle, y la construcción en su totalidad”, señaló el gerente de EPM, Álvaro Rendón.

Lo que quiere la Alcaldía de Medellín es emprender las acciones legales contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por una suma de $9,9 billones, para que los sobrecostos de la megaobra -que incluyen todo lo que derivó de la emergencia de 2018- los asuman ellos y no los contribuyentes. Para un proceso así, es obligatorio que por lo menos se intente la conciliación.

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“Se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de las entradas de generación, y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron, trajeron consigo un riesgo que al postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación, obligando a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores y casa de máquinas”, añadió Rendón.