Durante la presentación del XI Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas realizado en Bogotá, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el Estado colombiano se enfrenta al reto de reparar de manera integral a más de nueve millones de víctimas reconocidas en el marco del conflicto armado en el país.
Consideramos que la política pública de víctimas debe vincularse con la reforma rural integral como el camino adecuado para contribuir a la estabilización socioeconómica y también, al goce efectivo de derechos de las víctimas a partir de un enfoque transformador de la reparación”.
Procuradora General
La pobreza extrema aumentó entre las víctimas del conflicto armado, pasando del 13,2 % en 2019, al 21,2 % en 2022, con una brecha que se duplica respecto a la población no víctima”.
El Ministerio Público aseguró que hay una “deuda histórica” en el país que requiere mejorar los mecanismos que acogen a las víctimas para que puedan ser parte de los procesos que existen a su favor porque según el reporte de la Procuraduría, la pobreza extrema aumentó entre las víctimas de 13,2 % en 2019, al 21,2 % en 2022 lo que indicaría que se duplica la crisis económica de ese sector poblacional. Además indicó que todas las personas que han sufrido la violencia en el territorio colombiano deben considerarse “sujetos de especial protección constitucional”.
La Corte Constitucional, en lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la ha definido como la que ostentan aquellas personas que debido a condiciones particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
Corte Constitucional
Margarita Cabello especificó que dentro de los fenómenos de violencia que acontecen en Colombia, se hace necesario atender a las comunidades desde una perspectiva más humana y enfocarse en la prevención de los actos violentos dentro del territorio, Además exhortó al Estado Colombiano a ser más ágil en los trámites judiciales y a responder las demandas de manera más eficientes y que: “la construcción de paz en Colombia es una labor que nos convoca a todos y a todas como sociedad”.
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