Procuraduría dice que más de 180.000 estudiantes no reciben alimentación del PAE
La procuradora Margarita Cabello calificó la situación como “inadmisible” y pidió a las autoridades cumplir con su deber de inmediato. Los departamentos de Magdalena y Huila son los departamentos que más le preocupa al Ministerio Público.
Tras el inicio del segundo semestre del año escolar 2022, la Procuraduría General acaba de denunciar un delicado asunto sobre la alimentación escolar en Colombia. El Ministerio Público advirtió que 183.731 estudiantes de colegios públicos no están recibiendo las raciones alimentarias del Programa Escolar de Alimentación (PAE). El caso más preocupante se encuentra en Magdalena, que cumple más de 100 días sin prestar el servicio a más de 147 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales del departamento.
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De acuerdo con el organismo encabezado por Margarita Cabello, A este le siguen las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) de Ciénaga, en el mismo departamento, en donde 24.938 estudiantes aún no reciben la alimentación escolar y Pitalito, Huila, con 11.546 niños, niñas y adolescentes escolares que carecen de este servicio fundamental.
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Para Cabello Blanco esta situación es “inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, por lo que hace un enérgico llamado a todas las autoridades para que cumplan con su deber inmediatamente. La jefe del Ministerio Público también pidió a las 96 ETC tomar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida hasta el último día del calendario escolar 2022.
En mayo pasado, El Espectador contó por qué 140.000 estudiantes en Magdalena, durante el primer semestre tampoco venían recibiendo alimentos. Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, culpa a Vicente Blel, gobernador de Bolívar, quien fue determinante para que, en diciembre pasado, el ICBF quedara a cargo del PAE en 2022, lo cual nunca ocurrió. Entes de control piden a Caicedo que garantice la alimentación.
En ese momento, la Procuraduría alertó a Caicedo pero semanas atrás también a Blel, quien es el presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe. Esa institución aprueba proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (la plata que les queda a las gobernaciones por permitir a privados explotar recursos naturales). El OCAD, el 6 de diciembre de 2021, aprobó el PAE que Caicedo pensó para los estudiantes de Magdalena en 2022. Sin embargo, en una decisión cuestionada por la justicia, el órgano colegiado designó como ejecutor al ICBF.
Conozca la historia completa aquí.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Para Cabello Blanco esta situación es “inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, por lo que hace un enérgico llamado a todas las autoridades para que cumplan con su deber inmediatamente. La jefe del Ministerio Público también pidió a las 96 ETC tomar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida hasta el último día del calendario escolar 2022.
En mayo pasado, El Espectador contó por qué 140.000 estudiantes en Magdalena, durante el primer semestre tampoco venían recibiendo alimentos. Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, culpa a Vicente Blel, gobernador de Bolívar, quien fue determinante para que, en diciembre pasado, el ICBF quedara a cargo del PAE en 2022, lo cual nunca ocurrió. Entes de control piden a Caicedo que garantice la alimentación.
En ese momento, la Procuraduría alertó a Caicedo pero semanas atrás también a Blel, quien es el presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe. Esa institución aprueba proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (la plata que les queda a las gobernaciones por permitir a privados explotar recursos naturales). El OCAD, el 6 de diciembre de 2021, aprobó el PAE que Caicedo pensó para los estudiantes de Magdalena en 2022. Sin embargo, en una decisión cuestionada por la justicia, el órgano colegiado designó como ejecutor al ICBF.
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