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Este lunes, la Procuradora Margarita Cabello anunció que no se apartará de la investigación que se surte en el Ministerio de las TIC por la posible pérdida de $70.000 millones, luego de que la cartera entregó un anticipo en un billonario contrato para internet rural en las zonas más alejadas del país. En siete puntos el Ministerio Público explicó que con la aprobación de la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario, la jefe del ente de control conocerá los procesos, únicamente, cuando estén en segunda instancia.
Desde la Procuraduría explicaron que con la aprobación de la ley se modificaron las competencias del Ministerio Público, especialmente en lo que hace referencia a los servidores públicos como congresistas, ministros, alcalde de Bogotá, y generales, entre otros, de ahí que se diera aval a la doble instancia. Cabe mencionar que antes de la reforma hecha el pasado 29 de junio, los procesos disciplinarios contra estos funcionarios eran de competencia exclusiva del Procurador General.
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No obstante, en la nueva norma se introdujo la garantía de doble instancia y se entregó la instrucción de los procesos a una sala conformada por tres delegados. Y en materia de juzgamiento también se introdujo una Sala en la que se estudia la calidad del servidor público para tomar alguna decisión, esto, con el fin que se garantice la imparcialidad entre quien emite el pliego de cargos y quien debe sancionar.
Si bien esas directrices quedaron establecidas en la norma aprobada en junio pasado, mientras entra en plena vigencia la Procuradora expidió las resoluciones 207 y 219, en las que delegó la competencia para adelantar los procesos disciplinarios, que antes conocía en única instancia, a la Sala de Instrucción conformada por dos delegados.
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Con lo anterior, desde el pasado 8 de julio Cabello solo es competente para conocer de la segunda instancia de las decisiones que adopten las salas: ordinaria de juzgamiento y de funcionarios de elección popular.
“Para el caso particular de la indagación preliminar abierta por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, contra servidores públicos por determinar, por el contrato de Aportes MinTic - UT Centros Poblados, con la nueva estructura orgánica la Procuradora General de la Nación no tiene competencia para conocer ni tramitar esas decisiones, salvo que se presente una doble conformidad al término del proceso disciplinario”, explicaron desde el Ministerio Público.
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La Procuradora, por ser jefe del ente de control, ha estado en el ojo del huracán luego de que fue recusada por la Red de Veedurías Bien Común por su “amistad cercana” con la ministra de las TIC, Karen Abudinen. En el documento de recusación, que fue negado por Cabello, se denunció que las altas funcionarias sostuvieron reuniones posterior a que se abrió la indagación.
Sobre este caso, lo último que se sabe es que el Juez Octavo Civil de Barranquilla estudia una tutela con la cual la unión temporal Centros Poblados exige que la justicia tumbe una decisión clave de la ministra Abudinen: caducar el billonario contrato de internet rural y embargar las cuentas de los socios del polémico contratista, el cual habría entregado pólizas falsas cuando fue seleccionado.
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