Procuraduría formula cargos contra Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira. Asimismo, otros afectados por el pliego de cargos son Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), supervisor del contrato y quien se desempeñaba como gerente de Infraestructura de la ciudad, y Álvaro García Parra, representante legal de la Interventoría AGP.
El Ministerio Público investiga a los funcionarios debido a que, al parecer, las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos. De la misma manera, dice el ente de control, no contaron con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones.
Lea también: Carlos Caicedo afrontará en libertad proceso por obras inconclusas
De acuerdo con el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la planeación no fue coherente ni consecuente con el alcance real del proyecto y de la obra a ejecutar (demolición total y obra nueva), y en consecuencia “el plazo resultó inviable, aspecto que determinó la necesidad de solicitar con posterioridad ampliaciones y adiciones, infringiendo, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, señaló el órgano de control.
El Ministerio Público también investiga aparentes irregularidades en la firma del otrosí número 3, suscrito para la cimentación de la gradería y efectuar ajustes estructurales, ya que esos trabajos al parecer ya habían sido ejecutados. Igualmente, se habrían realizado pagos parciales de obras aún no iniciadas.
Le puede interesar: Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, a juicio disciplinario en Procuraduría
Carlos Eduardo Caicedo, actual gobernador de Magdalena, es también investigado por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado, por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil y de una megabiblioteca. Por esta última obra, ya había sido llamado a juicio disciplinario el también exalcalde Rafael Martínez.
Los exfuncionarios de la alcaldía de Santa Marta, Caicedo, Martínez y Rodríguez, enfrentan otro proceso disciplinario por presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Parque del Agua. Al igual que el funcionario ad, Pablo José Lacouture Mercado (2015). El caso tiene relación con un aparente atraso presentado en las distintas etapas del proceso del parque, desde la celebración del contrato, su perfeccionamiento, el inicio, terminación, liquidación y el pago de las garantías contractuales, que se inició con un valor superior a los $8.400 millones y se culminó pagando la suma de $16.884 millones, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales.
Entre otras irregularidades, se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de $3.200 millones para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación ni los estudios previos. Igualmente, se habrían realizado modificaciones para aumentar en más de 50% las cantidades de obra que se debían ejecutar, situación que vulneraba la normatividad legal que establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira. Asimismo, otros afectados por el pliego de cargos son Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018), supervisor del contrato y quien se desempeñaba como gerente de Infraestructura de la ciudad, y Álvaro García Parra, representante legal de la Interventoría AGP.
El Ministerio Público investiga a los funcionarios debido a que, al parecer, las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos. De la misma manera, dice el ente de control, no contaron con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones.
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De acuerdo con el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la planeación no fue coherente ni consecuente con el alcance real del proyecto y de la obra a ejecutar (demolición total y obra nueva), y en consecuencia “el plazo resultó inviable, aspecto que determinó la necesidad de solicitar con posterioridad ampliaciones y adiciones, infringiendo, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, señaló el órgano de control.
El Ministerio Público también investiga aparentes irregularidades en la firma del otrosí número 3, suscrito para la cimentación de la gradería y efectuar ajustes estructurales, ya que esos trabajos al parecer ya habían sido ejecutados. Igualmente, se habrían realizado pagos parciales de obras aún no iniciadas.
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Entre otras irregularidades, se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de $3.200 millones para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación ni los estudios previos. Igualmente, se habrían realizado modificaciones para aumentar en más de 50% las cantidades de obra que se debían ejecutar, situación que vulneraba la normatividad legal que establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial.
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