La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Eduardo José González Angulo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), por el presunto incumplimiento de cuatro contratos durante la crisis por la pandemia de Covid-19, pues algunos convenios habrían sido entregados a contratistas que nada tenían que ver con las labores de ejecución. Se entregaron, incluso, a contratistas dedicados a la venta de licor.
Eduardo González, según la delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal del Ministerio Público, habría utilizado su cargo como ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para instruir a la Fiduprevisora para que en “su calidad de representante legal, vocera y administradora de la subcuenta para la mitigación de emergencias Covid-19 gestionara los negocios jurídicos” en favor de contratistas dedicados a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca.
El Ministerio Público sostuvo que los cuatro bilaterales habrían sido suscritos con contratistas que aparentemente no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada uno de ellos, ya que estaban dedicados a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca.
Procuraduría General de la Nación
El pliego de cargos formulados en contra del exdirector también se centró en el incumplimiento de un contrato avaluado por más de $93.500 millones que la UNGRD, según el Ministerio Público, debió autorizar para suministrar ventiladores que tenían como objetivo preservar la vida de pacientes que estaban siendo atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) contagiados por Covid-19.
De “actuación irresponsable” fueron tildadas las decisiones que González Angulo tomó en el marco de una crisis que vivía el país durante pandemia. La Procuraduría también indicó que su conducta habría vulnerado el “principio de moralidad pública” y que había cometido una falta grave al pasar por alto el cumplimiento de sus deberes como funcionario de la UNGRD.
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