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A pocas horas de finalizar la jornada electoral, la Procuraduría General ha recibido 61 quejas y denuncias por delitos relacionados con publicidad política indebida, presión de funcionarios públicos para cambiar el voto y dificultades para ubicar la lista y el puesto de votación.
En el informe fue presentado por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado se indica que 18 de las quejas 18 corresponden a la ciudad de Bogotá; 12 al departamento de Antioquia, cinco al Atlántico, mientras que los departamentos de Caldas, Cundinamarca, y Santander reportan cuatro cada uno; tres corresponden a Nariño; los departamentos de Córdoba, Norte de Santander y Risaralda reportan dos cada uno, y los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Magdalena y Quindío registran cada uno con una denuncia.
La mayoría de las denuncias recibidas en la capital del país hacen referencia a la falta de claridad en la información para ubicar las mesas de votación, la entrega incompleta de los tarjetones electorales, el traslado de puestos de votación y la presencia indebida de publicidad electoral.
En la capital del país, así como en los municipios de Itagüí (Antioquia), Samaná (Caldas), La Mesa y San Juan de Rioseco (Cundinamarca), Ipiales (Nariño) y Barrancabermeja (Santander), se denunció posible intervención de funcionarios públicos en política; mientras que desde los municipios de Fridonia y Guatapé (Antioquia), La Virginia (Risaralda), la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Vélez (Santander), se reportó publicidad indebida de candidatos.
Entre los casos denunciados por los ciudadanos en otras regiones del país, se registran posibles irregularidades en el censo electoral, el uso de celulares en los puestos de votación, dificultades con el sistema de biometría, la entrega incompleta de los tarjetones electorales y el traslado de mesas sin previo aviso.