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La Procuraduría inspeccionará a la Registraduría para establecer si hubo o no irregularidades en varios aspectos que generaron dudas sobre las pasadas elecciones del 13 de marzo. En un documento del Ministerio Público, conocido por este diario, se lee que se averiguará por los parámetros en los que se hizo la escogencia de jurados de votación, la inscripción y registro de votantes, y se indagará sobre la relación de la Registraduría con uno de los contratistas con los que ha firmado por tres años.
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La empresa contratista que entra dentro de la investigación de la Procuraduría es Indra Sistemas S.A., con la que varias entidades del Gobierno han firmado. El ente de control busca establecer en qué condiciones se hizo la escogencia de esa empresa y los servicios que le presta a la Registraduría.
El documento conocido por El Espectador reza que la inspección que se hará al órgano electoral es “cuáles fueron las regulaciones, los procedimientos, las herramientas tecnológicas”, para constatar si se garantizaron y cumplieron los requisitos para el registro de votantes. En caso de que no se hayan cumplido, dice la Procuraduría, se evaluará si esto fue por fallas tecnológicas para ver si existieron irregularidades que afectaran, de alguna manera, el proceso de registro.
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En lo referente a la empresa de servicios de sistemas Indra S.A., el ente de control pide copia de los contratos de 2020 a la fecha, en los que “se comprenda el proceso de selección y escogencia del contratista”. Asimismo, la Procuraduría revisará si se cumplió con lo acordado en cada contrato y de igual manera, verificará el uso y ejecución de los servicios y productos que suministró la empresa.
En esta investigación, el Ministerio Público pidió copias de los actos de nombramiento y posesión del registrador Vega, así como certificaciones que den cuenta de vacaciones, sueldo e incapacidades en los últimos dos años. Igualmente, se investigará si Vega Rocha tiene antecedentes disciplinarios que sumen a la actual investigación en su contra.
El ente de control también le pidió a la Registraduría que le informe sobre el uso de herramientas tecnológicas, en caso de haberlo tenido, para atender las fallas que pudieran presentarse, así como protocolos y alternativas para garantizar el registro de los votantes. Lo mismo solicitó en el caso del preconteo de votos y la transmisión de la información el día de las elecciones. La Procuraduría también le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que informe si ha realizado “alguna actuación de inspección, vigilancia y control” acerca de las reclamaciones de preconteo o escrutinio de las elecciones del pasado 13 de marzo.
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Lo dicho por el Ministerio Público se suma a la investigación contra Vega, en cuanto a que, como lo manifestaron el pasado viernes, “la investigación busca determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en la selección y contratación estatal y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”.
Además, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para dar con funcionarios de la Registraduría que aún no han sido identificados. Según Cabello, miembros de la institución que entregó los resultados de las votaciones nacionales habrían incurrido en irregularidades por inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.
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