Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Juzgado Tercero Administrativo de Armenia ordenó la práctica inmediata de procedimientos médicos especializados en ginecología y obstetricia para 37 mujeres privadas de la libertad en la cárcel Villa Cristina, en Armenia (Quindío), luego de resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría.
Lea: Restaurar y reparar: la herencia indígena de la magistrada kankuama en la JEP
La medida busca garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de las reclusas, quienes, pese a tener tratamientos y procedimientos pendientes, no han recibido la atención requerida por las entidades responsables. El fallo establece que deben priorizarse exámenes como citologías, cistoscopias, ecografías y mamografías, esenciales para prevenir enfermedades graves como el cáncer de seno y de cuello uterino.
La acción de tutela, interpuesta por la Procuradora 41 Judicial Penal II de Quindío, destacó la necesidad de abordar el caso con enfoque de género, señalando que las mujeres enfrentan históricamente barreras de acceso a la salud y requieren acciones afirmativas. Según la Procuraduría, los retrasos en la ejecución de órdenes médicas y los constantes cambios de operadores de salud han dejado a estas mujeres en un estado de desatención que compromete gravemente su bienestar.
Le puede interesar: GALERÍA: La Escombrera de la Comuna 13, detalles de un hallazgo histórico
El juez también exhortó a las entidades vinculadas, entre ellas la Fiduprevisora S.A., la Unión Temporal Medisalud Integral PPL, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a adoptar protocolos específicos con enfoque de género.
Estas medidas deben garantizar la atención oportuna, integral y de calidad para las mujeres privadas de la libertad, en cumplimiento de la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del país.
Lea también: Excapo del cartel Medellín, Fabio Ochoa, regresó a Colombia
El Ministerio Público identificó las deficiencias en la atención de las reclusas tras realizar un seguimiento a las condiciones de salud en el centro penitenciario. La Procuraduría subrayó que las demoras y omisiones en los tratamientos médicos agravan la vulneración de los derechos fundamentales de las internas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.