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La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La investigación será por presuntas irregularidades en la celebración y modificación de un convenio bilateral que habría incluido la reducción injustificada de su valor en $100.000 millones.
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Según las denuncias divulgadas por medios de comunicación, y referidas por la Sala de Instrucción Disciplinaria, los servidores involucrados habrían modificado los términos de un acuerdo entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras. Estas alteraciones tenían como propósito reducir el costo del convenio, generar recursos excedentes y redirigirlos de manera irregular. De ser ciertas, estas acciones podrían configurar una violación a los principios de transparencia y legalidad en la contratación pública.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría busca establecer la relación de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y del funcionario Luis Barreto con otros servidores de las tres entidades mencionadas. Según la información inicial, estas personas habrían acordado destinar parte de los recursos del convenio para pagar sobornos y adelantar los anticipos necesarios para concretar acciones irregulares.
De acuerdo con las denuncias, el monto pactado como porcentaje de los sobornos equivale al 7 % del total del convenio modificado, cifra que habría sido utilizada para el pago de coimas. Este esquema presuntamente permitió la desviación de recursos públicos y generó un impacto negativo en la gestión de los objetivos del convenio.
El Ministerio Público señaló que, en esta etapa preliminar, la actuación disciplinaria está enfocada en individualizar a los posibles responsables, verificar si la conducta denunciada realmente ocurrió y determinar si constituye una falta disciplinaria grave. Asimismo, se analizará si los implicados actuaron bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.
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La Procuraduría aseguró que continuará recopilando pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar responsabilidades y tomar las acciones legales que correspondan en caso de comprobarse las irregularidades.
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