Procuraduría indaga contratos mencionados dentro del escándalo de Nicolás Petro

Un nuevo capítulo abrió este jueves la Procuraduría en el caso de Nicolás Petro, al ordenar la apertura de una investigación preliminar con la que busca determinar si se presentaron una serie de irregularidades en la firma de una serie de contratos entre la gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social entre 2021 y 2022, en los que al parecer Day Vásquez, Nicolás Petro y Gustavo de la Ossa, resultaron beneficiados.

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La indagación, según el documento del Ministerio Público, pide indagar a funcionarios de la gobernación del Atlántico y de su Asamblea. La génesis de esta decisión se remonta a publicaciones de prensa que dan cuenta como en esos contratos, que tenían como objetivo la atención a adultos mayores, Day Vásquez, Nicolás Petro y Gustavo de la Ossa “organizaban las partidas presupuestales para ejecutar solo el 35% de esos dineros públicos y quedarse con el resto en una repartija de la torta en la que los Petro–Vásquez se quedaban con la tajada más grande”, cita la Procuraduría en el documento.

Además, el Ministerio Público da cuenta de que los tres implicados se habrían concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico. “Las pruebas del fiscal Burgos salieron de los chats de Day Vásquez con el representante legal de la fundación y su expareja, conversaciones que datan desde el 5 de agosto de 2021 hasta el 15 de julio de 2022, en las que se mencionó a Raúl Lacouture (quien sería el secretario general de la Gobernación del Atlántico) y a una mujer llamada Elsa”, cita la Procuraduría.

Lea: Nicolás Petro hablará en la investigación contra el fiscal que lo investiga

Nicolás Petro es investigado porque presuntamente se enriqueció injustificadamente e intentó blanquear cientos de millones a través de la compra de propiedades, hechos por los que irá a juicio, lo que confirmó el fracaso de las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.

La Fiscalía se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”. Por estos mismos hechos, el Ministerio Público adelanta una investigación en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un nuevo capítulo abrió este jueves la Procuraduría en el caso de Nicolás Petro, al ordenar la apertura de una investigación preliminar con la que busca determinar si se presentaron una serie de irregularidades en la firma de una serie de contratos entre la gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social entre 2021 y 2022, en los que al parecer Day Vásquez, Nicolás Petro y Gustavo de la Ossa, resultaron beneficiados.

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La indagación, según el documento del Ministerio Público, pide indagar a funcionarios de la gobernación del Atlántico y de su Asamblea. La génesis de esta decisión se remonta a publicaciones de prensa que dan cuenta como en esos contratos, que tenían como objetivo la atención a adultos mayores, Day Vásquez, Nicolás Petro y Gustavo de la Ossa “organizaban las partidas presupuestales para ejecutar solo el 35% de esos dineros públicos y quedarse con el resto en una repartija de la torta en la que los Petro–Vásquez se quedaban con la tajada más grande”, cita la Procuraduría en el documento.

Además, el Ministerio Público da cuenta de que los tres implicados se habrían concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico. “Las pruebas del fiscal Burgos salieron de los chats de Day Vásquez con el representante legal de la fundación y su expareja, conversaciones que datan desde el 5 de agosto de 2021 hasta el 15 de julio de 2022, en las que se mencionó a Raúl Lacouture (quien sería el secretario general de la Gobernación del Atlántico) y a una mujer llamada Elsa”, cita la Procuraduría.

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Nicolás Petro es investigado porque presuntamente se enriqueció injustificadamente e intentó blanquear cientos de millones a través de la compra de propiedades, hechos por los que irá a juicio, lo que confirmó el fracaso de las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.

La Fiscalía se mantiene firme en vincular a Nicolás Petro con un incremento patrimonial injustificado en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como Diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”. Por estos mismos hechos, el Ministerio Público adelanta una investigación en su contra.

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