Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría destituyó por 10 años, en primera instancia, a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez. La política, quien también tiene un proceso penal por corrupción, cometió irregularidades en un contrato por $20.453 millones suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
De acuerdo con la Procuraduría señaló que Pinto Pérez suscribió ese contrato el 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS), proceso contractual que habría sido, en pocas palabras, adjudicado a dedo por parte de la gobernadora.
El Ministerio Público señaló que “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”.
La restricción fijada ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, no se tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir. “el Ministerio Público advirtió en un informe de cinco puntos que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de La Guajira; sin embargo, a pesar de ello el proceso siguió su curso”, aseguró la Procuraduría.
El fallo también cobija a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.
Noticia en desarrollo...
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.