Procuraduría iniciará vigilancia a hogar religioso tras denuncia de tortura a niño
El Ministerio Público pondrá la lupa en la congregación Siervas del Sagrado Corazón en Chocontá (Cundinamarca). “En el hospital se dan cuenta de que el pene del niño había sido amarrado y que había sido sometido al maltrato y a la tortura”, le dijo la tía del menor de edad a este diario.
La Procuraduría tomó las primeras acciones tras el caso denunciado por la familia de un niño de nueve años, quien reveló lo que la víctima ha dicho sobre lo ocurrido en la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, en Chocontá (Cundinamarca). Le habrían amarrado el pene con pelos para que no orinara, causándole una grave herida y una infección, y al parecer lo sometieron a tratos crueles durante su internado en el hogar de religiosos.
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Tras conocerse los hechos consignados en la denuncia de la familia, la cual presentó el caso ante la Fiscalía el pasado 16 de diciembre, la Procuraduría inició un proceso de vigilancia y control sobre el edificio. Se designó a un procurador judicial de familia para que “se realice la verificación de los derechos no solo del niño K.J.T.V., sino la de todos los menores de edad que se hallan ubicados en la misma”.
Por otro lado, el procurador judicial estará encargado de vigilar las decisiones que tome el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que según el Ministerio Público adelanta un proceso de restablecimientos de derechos. Es decir, entrará en valoración la custodia de la familia del menor de edad, quien confió en la congregación desde julio de este año para la protección del niño.
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Sin embargo, como le explicó a El Espectador Paola Morales, tía de la víctima, todo indica que el niño de nueve años quedará bajo custodia de su abuela paterna. Le dijo a este diario que K.J.T.V. ha sido atendido en el Hospital San José Infantil de Bogotá, donde médicos reportaron maltratos físicos con características de tortura. “Estaba tan inflamado el pene que casi no se le veía el hilo azul y el cabello que tenía. Estaba entre la piel”, señaló.
“El niño se orina todo el tiempo y para no orinarse le hicieron eso en su miembro. Tras ecografías y exámenes se demostró que el niño llevaba más de 10 días sin orinar. Le produjo una inflamación severa en la vejiga y una infección”, agregó Morales. Además, refirió que el niño les habló de que en la congregación era castigado con una “mata que le picaba mucho”, lo cual podría hablar de la utilización de planta de ortiga.
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También dijo que el menor de edad refiere que, junto a otros niños, al parecer era obligado a caminar descalzo y en pantaloneta de madrugada. “El niño dice que le pegaban en la cabeza. Él no habla muy bien, tiene problemas de lenguajes muy fuertes. Con sus manitos nos decía que le pegaban con la palma de la mano y también coscorrones”, concluyó la mujer, advirtiendo que permanecen 40 niños internos en el hogar religioso.
La Fundación Hogar Monserrate es una institución católica que, en su página web, se ofrece para brindar “asistencia, promoción y protección integral a niños y niñas, en condición de riesgo o amenaza, a través de la orientación a familias, garantizando el adecuado desarrollo del derecho fundamental a la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el desarrollo integral”. No se ha pronunciado sobre la denuncia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría tomó las primeras acciones tras el caso denunciado por la familia de un niño de nueve años, quien reveló lo que la víctima ha dicho sobre lo ocurrido en la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, en Chocontá (Cundinamarca). Le habrían amarrado el pene con pelos para que no orinara, causándole una grave herida y una infección, y al parecer lo sometieron a tratos crueles durante su internado en el hogar de religiosos.
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Tras conocerse los hechos consignados en la denuncia de la familia, la cual presentó el caso ante la Fiscalía el pasado 16 de diciembre, la Procuraduría inició un proceso de vigilancia y control sobre el edificio. Se designó a un procurador judicial de familia para que “se realice la verificación de los derechos no solo del niño K.J.T.V., sino la de todos los menores de edad que se hallan ubicados en la misma”.
Por otro lado, el procurador judicial estará encargado de vigilar las decisiones que tome el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que según el Ministerio Público adelanta un proceso de restablecimientos de derechos. Es decir, entrará en valoración la custodia de la familia del menor de edad, quien confió en la congregación desde julio de este año para la protección del niño.
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Sin embargo, como le explicó a El Espectador Paola Morales, tía de la víctima, todo indica que el niño de nueve años quedará bajo custodia de su abuela paterna. Le dijo a este diario que K.J.T.V. ha sido atendido en el Hospital San José Infantil de Bogotá, donde médicos reportaron maltratos físicos con características de tortura. “Estaba tan inflamado el pene que casi no se le veía el hilo azul y el cabello que tenía. Estaba entre la piel”, señaló.
“El niño se orina todo el tiempo y para no orinarse le hicieron eso en su miembro. Tras ecografías y exámenes se demostró que el niño llevaba más de 10 días sin orinar. Le produjo una inflamación severa en la vejiga y una infección”, agregó Morales. Además, refirió que el niño les habló de que en la congregación era castigado con una “mata que le picaba mucho”, lo cual podría hablar de la utilización de planta de ortiga.
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También dijo que el menor de edad refiere que, junto a otros niños, al parecer era obligado a caminar descalzo y en pantaloneta de madrugada. “El niño dice que le pegaban en la cabeza. Él no habla muy bien, tiene problemas de lenguajes muy fuertes. Con sus manitos nos decía que le pegaban con la palma de la mano y también coscorrones”, concluyó la mujer, advirtiendo que permanecen 40 niños internos en el hogar religioso.
La Fundación Hogar Monserrate es una institución católica que, en su página web, se ofrece para brindar “asistencia, promoción y protección integral a niños y niñas, en condición de riesgo o amenaza, a través de la orientación a familias, garantizando el adecuado desarrollo del derecho fundamental a la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el desarrollo integral”. No se ha pronunciado sobre la denuncia.
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