La Procuraduría adelanta a esta hora una inspección a las oficinas de la Cancillería para recolectar información dentro de la investigación que adelanta la entidad por las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso que le permitió a la Cancillería declarar desierto el proceso de licitación de pasaportes.
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El proceso en el Ministerio Público arrancó hace unas semanas, cuando anunció la apertura de una investigación en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez. Concretamente, el Ministerio Público investiga un contrato de $600 mil millones de pesos para suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
La licitación fue declarada desierta el pasado 13 de septiembre por el propio ministro de Relaciones Exteriores, en medio de los reparos que se habían presentado porque el único oferente era Thomas Greg & Sons, empresa que se ha ganado el contrato los últimos 16 años. En ese contexto, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria. Además de que ambos funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
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Pero esta no es la única investigación que adelanta la Procuraduría por hechos relacionados con este tema. En días pasados, abrió una indagación disciplinaria en contra de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que Martha Lucía Zamora, entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, renunciara al cargo por un choque de trenes con el canciller, Álvaro Leyva, funcionario que ha estado a la cabeza del proceso de licitación.
Según la Procuraduría, la funcionaria habría sido agredida de manera verbal y señalada de no querer defender los intereses del presidente de la República, Gustavo Petro, en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. El canciller Álvaro Leyva Durán, según Zamora, la gritó por intentar conciliar en la demanda en contra de Colombia que interpuso el contratista que iba a gestionar el macrocontrato, luego de que el presidente Petro declarara como desierto un proceso que ya estaba avanzado. En este sentido, el Ministerio Público investiga si existió algún tipo de recriminación por la postura que la exdirectora tomo frente al proceso de licitación de pasaportes.
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