Esta semana el país conoció la captura de más de cinco disidentes de las FARC —algunos voceros de la mesa de diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con miembros del Estado Mayor Central (EMC)— al parecer, por encontrar armas, sumas de dinero elevadas dentro de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La captura se dio luego de que en un retén militar en Antioquia fueran identificados varios jefes de las disidencias de las Farc comandados por alias Calarcá, transportándose en siete camionetas de la Unidad que, de acuerdo con la Procuraduría, procederán a identificar cada uno de los funcionarios que podrían tener participación dentro de los hechos.
La Procuraduría ordenó indagación previa en contra de los funcionarios por determinar y dentro de la investigación se analizarán los protocolos y resoluciones que regulan la protección de personas y se estudiarán los manuales para esclarecer si dentro del marco de negociaciones con el Gobierno y la búsqueda del cese al fuego bilateral con los disidentes de las FARC, hubo cumplimiento o falta dentro del mismo hecho. Así mismo, harán una inspección disciplinaria en la sede de la Unidad Militar ubicada en Bello, Antioquia, para determinar las circunstancias en las que se produjo la captura y requisa de las camionetas de la UNP involucradas en el acontecimiento.
Se designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar inspección disciplinaria, con el fin de recaudar pruebas que permitan identificar los servidores públicos incursos en presuntas faltas disciplinarias.
Procuraduría
La Procuraduría, además, investigará a la Consejería del Comisionado de Paz y le pedirá el certificado que identifique a los capturados como negociadores o facilitadores en el proceso de paz que se adelanta con el EMC.
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