![Wiliam Dau Chamat también fue investigado por presunta participación en política durante 2022.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/CQ26UGXYW5CRNPPE7RJO4KKA6E.jpg?auth=111e7031983711285610c109b00d0ddd3484fdf6384cac8fdb72fa9746f1e605&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde de Cartagena, Wiliam Dau Chamat, del entonces secretario general de ese ente territorial, Luis Enrique Roa Merchán, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón. La entidad los señala por hechos relacionados con la contratación para la elaboración del “Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad”, entre 2020 y 2021.
Al parecer, la Alcaldía de Cartagena y la Universidad de Cartagena firmaron dos convenios interadministrativos, el primero por un valor de $944.164.735 millones, y el segundo por un total de $355.512.04 millones, presuntamente con el mismo objeto. Es decir, los dos acuerdos podrían tener el mismo fin de unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la elaboración del Plan Decenal.
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El Ministerio Público busca verificar si los servidores públicos y el exrector violaron normas de carácter disciplinario, pues si en realidad negociaron los anteriores dos convenios interadministrativos con el mismo objetivo, estarían incurriendo en una irregularidad.
Para desarrollar la investigación, desde la Procuraduría les solicitaron a los investigados copias de los informes y productos entregados a la alcaldía con relación a los contratos mencionados, así como de los respectivos estudios previos, y el manual de contratación y de supervisión de la Alcaldía de esa ciudad, vigente para 2020 y 2021.
Esta no es la primera vez que el alcalde es investigado, en febrero de 2022, el mismo ente de control le abrió una indagación preliminar por, supuestamente, haber participado en política. Y mucho antes, en septiembre de 2021, William Dau también había sido investigado, junto con el director de Apoyo Logístico, Didier Torres, por las presuntas irregularidades en cinco contratos que se celebraron en 2020 para atender la pandemia por covid-19.
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